La hoja de ruta económica del PSOE y Unidas Podemos, presentada el pasado lunes en el Congreso de los Diputados, depara, con su mero esbozo, un fiero control de la economía española por parte de los organismos internacionales que supervisan la marcha de la coyuntura española. De entrada, supone una reversión de reformas económicas sobre las que el Fondo Monetario Internacional ha pedido justamente lo contrario: que se ahonde en ellas sin un solo paso atrás. Por otra parte, desde el 1 de enero un cambio constitucional introducido por el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero torna las cifras de Bruselas de obligado cumplimiento. Ello cuando el documento presentado por el PSOE y la formación morada implica una elevación del gasto que no podrá absorber el hachazo fiscal apalabrado por los socios de coalición que emprenden este sábado el proceso de investidura de Pedro Sánchez.
Así, el FMI ya avisó en el último Artículo IV sobre España, publicado a finales de 2018 -la radiografía a la que se someten los 189 miembros de la institución- que es esencial "preservar el impulso de las reformas pasadas del mercado laboral". Un claro mensaje dirigido a un posible cambio en los derroteros que pueda tomar el futuro Gobierno de España que, si bien no prevé abordar una derogación completa de la reforma, sí propugna una decidida marcha atrás en la mayoría de las medidas abordadas en 2012 por el Gobierno del PP, pese a que han granjeado una mayor fortaleza del mercado de trabajo español frente a los vaivenes de la coyuntura.
Por aquel entonces, los funcionarios del organismo multilateral alentaron a las autoridades a continuar abordando la dualidad del mercado laboral, fortalecer las políticas activas del mercado laboral, mejorar los incentivos para una mayor movilidad laboral en todas las regiones y garantizar la flexibilidad salarial. Enfatizaron, además, que los aumentos salariales deberían estar alineados con el crecimiento de la productividad.
Desde entonces, el FMI ha reiterado el mismo mensaje. Durante una entrevista con elEconomista el pasado mes de abril, Vítor Gaspar, director del Departamento Fiscal del Fondo, también consideró importante que la trayectoria de la consolidación fiscal se reanude en nuestro país. "Conseguir que la deuda pública en relación al PIB descienda más rápido permitirá construir amortiguadores que ayudarán a España a manejar posibles desafíos futuros", dijo. Algo que ahora se atisba más lejano, dado el fuerte incremento de gasto social que prevé la coalición sociocomunista, cercano a los 36.000 millones de euros y con unas pensiones revalorizándose al IPC que engrosan la deuda pública al haberse enquistado el déficit de la Seguridad Social en el entorno de los 18.000 millones anuales.
En julio del año pasado, en su Informe sobre el Sector Externo, un documento donde la institución revisa la cuenta corriente de sus principales miembros, el FMI insistió en que España debía aumentar la flexibilidad del mercado laboral y mejorar la competitividad. El equipo liderado por Gita Gopinath, economista jefe del Fondo, dijo que el Gobierno "debería centrarse en reformas que fomenten el ahorro y la competitividad".
En este sentido, se recomendó a nuestro país fortalecer la base de habilidades de los trabajadores. Además, en el caso particular español, se recuerda que "aumentar el ahorro requiere salvaguardar la sostenibilidad del sistema público de pensiones", algo para lo que el texto de socialistas y morados no ha dado soluciones, pese a haber tumbado los dos elementos centrales de la reforma de pensiones de 2013 de Mariano Rajoy: el índice de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad.
Por su parte, la Comisión Europea demanda de las autoridades españolas un ajuste estructural de 8.000 millones, petición que constitucionalmente es obligatoria desde el 1 de enero, y recurrible ante los tribunales. Máxime cuando Bruselas considera que los desvíos de España no atienden al ciclo económico, sino a decisiones políticas. El cumplimiento de la cifra se hace imposible si tenemos en cuenta que los ingresos extra de la subida de impuestos del acuerdo para España se limitan a una recaudación adicional de 5.600 millones, que será anulada solamente con el alza de las pensiones y los sueldos de funcionarios, que, entre las dos, ya suman 5.700 millones de euros.
