El cambio de las pronósticos y previsiones económicas que se han venido sucediendo desde el 28 de abril han provocado que el orden de prioridades del Gobierno que surja tras la repetición electoral celebrada ayer (si es que la dinámica de pactos parlamentarios lo permite) cambie.
El agravamiento de la ralentización económica y de creación de empleo y la necesidad de medidas para mitigarla, que pasarán por la elaboración de unos presupuestos express que aborden las urgencias más inmediatas de España, serán parte de las tareas prioritarias para el próximo curso, a las que se suman la búsqueda de una salida a la crisis de Cataluña y abordar el déficit estructural del sistema de pensiones así como la urgente reforma de un modelo autonómico que, cada vez más, exige una revisión urgente.
Desaceleración
Aunque España sigue creciendo a un ritmo superior a la zona euro, lo cierto es que la desaceleración de su economía está siendo notable. Órganos y think tanks ya han venido avisando en los últimos meses que el consumo interno ya no puede sujetar la evolución del PIB, lo cual ha hecho que se hayan tenido que revisar, en términos generales, las previsiones económicas a la baja. La Comisión Europea ha sido la última en hacerlo, con una rebaja del crecimiento económico estimado para España de cuatro décimas, dejándolo en un avance del 1,9%, por debajo del 2% estimado por el Gobierno. También hay que añadir que Bruselas no se cree la estimación de déficit público del Gobierno, que según él se quedaría en el 2% del PIB.
Para abordar esta situación son necesarios unos Presupuestos Generales del Estado que permitan activar medidas económicas en España, un país que está funcionando con las cuentas prorrogadas que aprobara Cristóbal Montoro en 2018, al no salir adelante el proyecto propuesto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ello ha provocado varios conflictos, como el retraso del abono del incremento de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y que no haya podido tampoco pagar a las regiones un mes completo del IVA que les correspondía cobrar este año, que equivale a unos 2.500 millones de euros. Para no verse de nuevo en estos bretes, el nuevo Gobierno tendrá que lograr las mayorías necesarias en el Congreso de los Diputados, algo que parece que en 2020 va a ser tan difícil como en 2019.
En las nuevas Cuentas se tendrán que abordar retos pendientes, como la fiscalidad digital, particularmente una nueva tasa Google que se tendrá que adaptar a las exigencias del modelo fiscal para multinacionales que espera aprobar la OCDE en 2020. Con todo, antes los que acaben siendo residentes en Moncloa tendrán que aprobar un nuevo techo de gasto.
Además, en el caso de que los socialistas sean los que reediten su presencia en el Gobierno, cabe la posibilidad que aborden su ambiciada reforma de la Ley de Estabilidad para acabar con la capacidad del veto del Senado a los objetivos de déficit que proponga el Ejecutivo. Aunque si finalmente hay algún tipo de alianza entre los socialistas y el PP para que la legislatura eche a andar, puede que este objetivo quede en un segundo plano.
Cataluña
La crisis política en Cataluña ha sido un problema muy presente durante todo el año, y especialmente en la campaña electoral. El juicio del procés y sus sentencias no han hecho sino enconar una situación que ha derivado en violentos disturbios en Barcelona y otras capitales de la región.
Los problemas no son solo la violencia callejera: los numerosos cortes de carreteras de las últimas semanas semanas, así como la imagen de la región, ya están teniendo un impacto económico del que han alertado los empresarios catalanes.
Sin embargo, las posturas, en estos momentos, están muy alejadas. Mientras, la Generalitat catalana de Quim Torra ha llegado a jalear determinados comportamientos de desobediencia civil, aunque al mismo tiempo se enfrenta a una encrucijada de difícil solución: todo apunta a que el Govern catalán no logrará aprobar Presupuestos para la región por tercer año consecutivo, algo que provocaría la celebración de elecciones.
Pensiones
Protagonistas en la campaña electoral del 28-A y del 10-N, tendrá que ser uno de los principales objetivos a abordar su situación en 2020. En términos generales, todos los partidos se han comprometido a revalorizar esta prestación de acuerdo con el IPC, pero también a poner solución al preocupante déficit de la Seguridad Social. Cabe recordar que el Gobierno ya se ha comprometido a alzar las pensiones el próximo año, tal y como indica el plan presupuestario enviado a la Comisión Europea.
El lugar para la rebuscada reforma del sistema público de pensiones, incluida la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos de la Seguridad Social, será la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, donde embarrancó un acuerdo para el futuro de las pensiones que parecía cerrado y que se retomará desde cero para la legislatura que está a punto de empezar.
Reforma de la financiación de las CCAA
La reclamada reforma de la financiación autonómica es uno de los deberes pendientes tanto del PP como del PSOE. Se tendría que haber abordado durante los mandatos de Rajoy, y también se comprometió a ello Sánchez, pero esta iniciativa nunca se ha logrado sacar adelante.
Con todo, hay planes concretos para ello. El que no se hayan aprobado Presupuestos Generales del Estado y la interinidad en la que se halla el Gobierno han provocado un importante agujero de fondos en la financiación autonómica. De ahí que se haya trasladado a las comunidades, al menos desde los socialistas, la voluntad para que en el futuro se independicen los mecanismos de financiación autonómica de las Cuentas y que funcionen de manera totalmente independiente.
El cambio ha sido reclamado incesantemente por las propias comunidades, sin importar su color político. Una serie de protestas que son lideradas particularmente por Comunidad Valenciana y por la Región de Murcia, territorios que precisamente sufren unos elevados déficit económicos en su balanzas públicas.
