Política

La sentencia del Supremo al procés desmonta el "artificioso" argumento del derecho a decidir

  • "Una pretendida causa de exclusión de la antijuridicidad" para legitimarse
  • Se 'vendió' la secesión como "remedio frente a una integridad territorial
  • El tribunal rechaza la "artificiosa" asimilación del derecho de autodeterminación
Manuel Marchena. Foto: Efe

Los líderes del procés juzgados y condenados en particular y todo el movimiento independentista en general basaron -y basan- su defensa en el derecho a decidir pero la sentencia del Tribunal Supremo es contundente en este sentido: tal derecho no está amparado en el marco jurídico internacional, nacional ni estatuario. En Directo | Reacciones a la sentencia del procés.

El arraigo argumentativo por el "derecho democrático a que cualquier comunidad pueda decidir sobre su futuro" que expusieron los 12 del banquillo y que reafirmaron los observadores internacionales que también pisaron la sala queda reducido en la sentencia a "una pretendida causa de exclusión de la antijuridicidad" para otorgar legitimidad a los delitos que se les imputaban.

Según expone el fallo redactado por Manuel Marchena y ratificado por los otros seis magistrados del tribunal, los líderes del procés pretendieron hacer ver que se entregaron a la secesión como "remedio frente a una integridad territorial usada como pretexto para el menoscabo de los derechos fundamentales" y, según expusieron de manera reiterada, tras haber agotado todos los cauces legales -especialmente el del diálogo y la presión no violenta-.

La "artificiosa" asimilación del derecho de autodeterminación

La Carta de Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) o El Tratadi de la Unión Europea fueron algunos de los textos jurídicos internacionales más referenciados por la defensa y los referéndum en otros Estados o la doctrina del Supremo de Canadá por el caso de Quebec los ejemplos gráficos con los que, según se apunta entre las 493 páginas condenatorias, los ideólogos del procés intentaron mediante la descontextualización (ausencia de "otros enunciados normativos sin cuya cita todo se desenfoca") que se asimilara y reconociera el derecho a la autodeterminación: "El derecho a decidir aparece como una recurrente invocación que se apoyaría en los mismos presupuestos de titularidad, ejercicio y reconocimiento que el derecho de autodeterminación", indica la sentencia.

Sin embargo, la sentencia rechaza la existencia del derecho a decidir en el marco jurídico vigente. Ni en la Constitución española, ni en el Estatuto de Cataluña de 2006 ni en los textos internacionales ratificados por España. No hay mención expresa, apunta, "a un derecho que se reivindica por los procesados como susceptible de amparar la creación de una legalidad paralela de ruptura". 

Para Marchena, la percepción que los independentistas intentan ofrecer como buena es una "concepción evolucionada" del artículo 1 del PIDCP que reza que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.

Descartando entrar en una análisis sobre la evolución del derecho de autodeterminación de los pueblos o en una comparativa extensa sobre la preexistente situación colonial que predomina en los ejemplos de autodeterminación, la sentencia desmonta la "artificiosa" asimilación de la determinación de los pueblos y descarta dar valía al derecho a decidir (siempre escrito entre comillas y en cursiva): "Como derecho atribuible a una parte de la ciudadanía que reside en una comunidad autónoma, no tiene cobertura normativa", concluye.

Las diferencias con Quebec

En cuanto al súper-citado Quebec y la exigencia de una solución negociada igual entre España y Cataluña, el tribunal establece que "más allá del interés jurídico por el modelo canadiense [...] ninguna similitud puede proclamarse entre el origen histórico de la reclamación de Quebec y el acto unilateral de secesión atribuido a los procesados", principalmente porque como se recuerda en el fallo la solicitud de 1998 tenía "pleno encaje en el ordenamiento jurídico constitucional canadiense" y facultaba al Supremo canadiense -que descartó la legitimidad de un proceso secesionista unilateral- a interpretar su constitución. En su escrito, recoge la sentencia, estableció aquel alto tribunal que fuera del caso Quebec, "los pueblos deben realizar su autodeterminación en el marco del Estado existente al que pertenecen".

Como colofón a la argumentación y sin negar la singularidad y "dimensión histórica" del caso catalán, la Sala dirigida por Marchena rechaza "ofrecer -ni siquiera sugerir o insinuar- soluciones políticas a un problema de profundas raíces históricas".

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