Las pensiones son uno de los debates sociales más candentes, y lejos de apagarse irá ganando fuerza a medida que aumente la proporción de población jubilada sobre la activa. Esta misma semana, miles de pensionistas han llegado al Congreso en Madrid para reclamar que las pensiones aumenten con el IPC pase lo que pase en la economía, una batalla que por ahora solo tiene un bando (los jubilados), pero que en el futuro podría degenerar en una guerra entre generaciones, los que reciben la pensión y los que tienen que financiarla (así funcionan los sistemas de reparto como el español).
Aunque los sistemas varían entre países, prácticamente todos los de las naciones desarrolladas van a tener que buscar fórmulas si quieren mantener la generosidad de sus pensiones, no sólo por el obstáculo que supone la transición demográfica, también por el entorno de bajos tipos de interés que está lastrando la rentabilidad de muchos planes de pensiones en los países desarrollados.
Los pensionistas que se manifiestan en España piden que sus pensiones se indexen al IPC para no perder poder adquisitivo. Eva Maria Hohnerlein, investigadora del Instituto para la Ley Social y Política Social en Alemania, explica en un extenso trabajo que la indexación de las pensiones al IPC es algo habitual en países como Brasil, Chile, Colombia o Nueva Zelanda. Dichos países tienen una situación demográfica que todavía no es tan preocupante como la de algunos países de Europa o Japón. Además existen otras fórmulas como indexarlas al crecimiento de los salarios, una variable que se incluye en las fórmulas que usan en Alemania, Suecia o Noruega.
No obstante, existen muchas fórmulas, como la usada en Grecia que depende (50% cada una) del IPC y del crecimiento del PIB, para que sea un sistema más sostenible. Cada vez son más los países que introducen sistemas que limitan el crecimiento de las pensiones incluso por debajo del IPC, lo que conlleva una pérdida de poder adquisitivo para el pensionista pero también un alivio para el sistema o los trabajadores que lo financian. Concretamente, las pensiones españolas están entre las menos sostenibles de Europa.
"Algunos sistemas de pensiones con un mecanismo de indexación de precios ajustan completamente las pensiones a la tasa de inflación (o por encima de un cierto porcentaje de la tasa de inflación) solo en circunstancias específicas vinculadas a la sostenibilidad, es decir, durante los períodos de crecimiento del PIB", explica la experta alemana.
Grandes patas de los sistemas europeos
Más allá de los sistemas de revalorización y de sostenibilidad existen otros parámetros también muy relevantes. En los Países Bajos existen dos patas fundamentales. Una es la pensión básica bajo sistema reparto de cuantía fija que cubre el 30% del salario medio y la otra un sistema de planes de empleo capitalizados que cubren el 70% restante. En esta segunda pata los trabajadores y empresarios realizan aportaciones obligatorias a fondos de pensiones privados que prometen financiar una pensión final fijada en un nivel específico. Cuesta mucho financiarlo (en términos económicos) pero tiene la ventaja de ser extremadamente generoso: junto con sus pensiones estatales, muchos trabajadores holandeses disfrutan de los mismos ingresos que tenían mientras trabajaban cuando se jubilan.
Con la pensión puramente pública la tasa de sustitución varía, cuanto menor es el salario más importancia tiene la pensión pública, mientras que los individuos con mayor nivel de renta dependen en mayor cuantía de la pensión privada obligatoria. Entre ambas vías, la tasa de sustitución media es del 96,9%.
Francia tiene un sistema de pensiones que está controlado básicamente por el Estado, sindicatos y patronal. Los trabajadores acumulan 'puntos' de pensión en función de sus ingresos cada año. Las pensiones finales tienden a no ser menos generosas que las de los Países Bajos, pero se comparan bien internacionalmente, con una tasa de reemplazo del 75%, son generosas. La pensión media es de unos 1.090 euros.
Por otro lado, Francia tiene una pensión asistencial para las ciudadanos que no hayan podido contribuir o que lo necesiten. Este sistema es de reparto básico y proporciona una pensión mínima contributiva de hasta el 50% de la renta media de los mejores 25 años cotizados. Pero el sistema tiene un déficit creciente que, según las estimaciones del organismo asesor COR designado por el gobierno, alcanzará el 0,4% del PIB para 2022. El presidente Emmanuel Macron es el último de una larga lista de líderes franceses que presionan para reformar un sistema deficitario.
El caso de Alemania: la pensión estatal se calcula por el número de años trabajados, la edad y los ingresos, y muchos alemanes eligen completar esa pensión (que suele ser escasa) con pensiones privadas o de empresa. Incluso así, el trabajador medio solo puede esperar recibir una pensión por valor del 50,6% de su último sueldo al jubilarse (tasa de reemplazo), mientras que la media de la OCDE es de alrededor del 63%. Además, ante al envejecimiento de la población, los fondos de pensiones alemanes se podrían enfrentarse a dificultades en los próximos años.
En Reino Unido la pensión estatal obligatoria solo representa el 29% de los ingresos medios de un trabajador contabilizando su vida laboral completa (lo que rebaja la pensión final). Esta pensión es la menos generosa de los países desarrollados. El gasto en pensiones estatales en el Reino Unido aumentó desde el 3,9% del PIB en el año 1986 hasta el 4,6% en 2017, cifra que se encuentra muy por debajo de la media de la OCDE que está en el 8,2%. Aunque la pensión estatal aumentará en los próximos años, los jubilados del Reino Unido continuarán dependiendo de los planes privados y de capitalización, mientras que muchos pensionistas se enfrentarán a la pobreza, según publican desde la agencia británica Reuters.
El sistema de pensiones en Dinamarca cuenta con una pensión pública muy pequeña que está complementada por una pensión privada. La pensión pública básica supone alrededor de un 16% del salario medio y sólo se puede acceder a la misma a los 67 años. La gran pata de este sistema es de capitalización (cada trabajador aporta a su propia pensión, frente al de reparto, donde los trabajadores en activo pagan la pensión a los jubilados) que se basa en esquemas administrados por el gigante de los fondos ATP. Los trabajadores obtienen al final una tasa de reemplazo del 86%.
El sistema de Portugal es muy parecido al de España, donde predomina un sistema de reparto financiado por la Seguridad Social. Los jubilados portugueses se encuentran entre los que menos pensión tienen de Europa, ya que apenas cobran una media de 434 euros mensuales, y no pueden jubilarse antes de los 66. Sin embargo, son los europeos que más tarde se jubilan en la práctica, a los 69 años, lo que les sitúa más cerca de países como Israel, Corea o México, y les aleja de sus socios comunitarios (65 en Suecia, 63 en Alemania, 62 en Grecia o 60 en Francia).
En Italia se ha producido un fuerte incremento de la pensión mínima en los últimos años. En 2019 el nivel se encuentra en 669 euros mensuales, pero no hay tope para las pensiones máximas, un caso excepcional en el contexto europeo. No obstante, esto se debe a que el sistema de Italia está basado las conocidas cuentas nocionales. Bajo este sistema, el dinero de las cuotas va directamente a cuentas individuales, de modo que cada trabajador va acumulando cotizaciones durante su vida laboral y dependiendo de lo que haya acumulado esa será su pensión final. La tasa de sustitución en este país es del 93%, una de las más altas de las OCDE.
En España el sistema principal es de reparto con aportaciones a la Seguridad Social (4,7% del trabajador y 23,6% el empresario sobre el salario), la edad media de jubilación es de algo más de 64 años y la pensión media por este concepto se sitúa en 1.140 euros brutos mensuales, por catorce pagas.
Por otro lado, en España la pensión mínima por jubilación se establece en los 835 euros en 14 pagas si tiene cónyuge a cargo (677 sin cónyuge), mientras que la pensión máxima está en los 2.659 euros. No obstante, la desigualdad de ingresos de los jubilados en España se encuentra en la media con la de la Eurozona.
La tasa de sustitución neta (el porcentaje que supone la primera pensión que recibe un jubilado con respecto al último salario medio antes de retirarse después de impuestos y transferencias) en el caso del jubilado medio español es del 81,8%, uno de los ratios más altos de toda la OCDE.
