BBVA suma una nueva denuncia ante la Audiencia Nacional por el presunto espionaje que realizó el expolicía José Manuel Villarejo para el banco. El exjefe de la Oficina Económica de La Moncloa y exministro de Industria Miguel Sebastián ha cumplido su aviso y ha interpuesto acciones legales ante el Juzgado Central que investiga el escándalo de las escuchas de la entidad por los seguimientos, vigilancias continuadas e intercepción de llamadas telefónicas que sufrió entre finales de 2004 e inicios de 2005. El exministro guía de forma clara su objetivo sobre el entonces presidente ejecutivo, Francisco González, y pide su salida del banco. Así, Sebastián critica que BBVA no haya adoptado "una sola medida de apartamiento o suspensión cautelar de aquellas personas presuntamente implicadas y que todavía desempeñan ciertas tareas de representación institucional en BBVA".
González es, desde el pasado 1 de enero, presidente de honor del banco. El exministro Sebastián ya adelantó el pasado 16 de enero que tomaría medidas legales contra el banco y los responsables de encargar las escuchas ilegales a Villarejo. "La diana, para mí, es el que ha pagado esto", dijo.
La defensa de Sebastián, representada por el despacho de abogados Caamaño, Concheiro y Seoane (CCS), presentó a las 9:39 horas del lunes ante la Audiencia Nacional el escrito para la personación de Miguel Sebastián como acusación popular en la causa que investiga las presuntas actividades delictivas del banco, de sus representantes y de Villarejo en relación con el espionaje. Precisamente, uno de los socios del despacho de abogados al que se ha confiado el exjefe de la Oficina Económica de La Moncloa es Miguel Caamaño, ministro de Justicia del Gobierno de Zapatero.
La personación como acusación particular permitiría al expolítico, además de defender sus derechos mediante una querella o denuncia, solicitar al juez la práctica de diligencias, pedir que se adopten medidas cautelares, impugnar resoluciones judiciales o solicitar la apertura de juicio oral.
Hechos "graves"
BBVA contrató a Villarejo a finales de 2004 para evitar que Sacyr se hiciera con más del 5% del banco, entrara en el consejo de administración y derrocara a Francisco González de la presidencia. Para ello el expolicía presuntamente pinchó de forma ilegal llamadas telefónicas y realizó seguimientos a altos miembros del Gobierno, de organismos públicos y relevantes empresarios. El exministro de Industria señala a través de sus abogados que, de resultar probados estos hechos "especialmente graves", podría constituir "el mayor escándalo de corrupción corporativa de la democracia española".
Así, el exministro señala que las unidades operativas contratadas por el banco "de forma encubierta" para acometer las tareas de espionaje "estarían coordinadas y tendrían una estrecha relación con personas pertenecientes a cuerpos policiales y de seguridad del Estado". Todo ello, con el objetivo "de favorecer los intereses económicos del señor Francisco González Rodríguez, entonces, presidente ejecutivo de la entidad".
En lo que respecta a su persona, el exministro señala que se "fabricó" por encargo un falso relato sobre su vida personal, con el solo propósito de desacreditarlo ante los demás y crear un contexto intimidatorio. Villarejo realizó un seguimiento y control de la vida personal de Sebastián y de su círculo más cercano, con el objetivo de que se sintiera intimidado y retirara su apoyo a Sacyr para asaltar el banco, siempre según los documentos del expolicía, a los que ha tenido acceso este diario.
Finalmente, el exministro también recuerda que BBVA, para defenderse de la constructora, usó recursos del banco, en perjuicio de los accionistas minoritarios. Estas palabras llegan 18 días antes de que la entidad celebre su próxima Junta de Accionistas el 15 de marzo.
Pasos de la Justicia
Las acciones legales de Sebastián llegan tan solo diez días después de que el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, junto a dos exdirectivos del banco, José Domingo de Ampuero y Vicente Benedito, interpusieran la primera denuncia contra el banco y Villarejo por vulneración de la intimidad tras el presunto espionaje sufrido entre 2004 y 2005.
La Audiencia Nacional mantiene dos investigaciones penales abiertas contra el banco por la contratación del expolicía. La primera de ellas fue iniciada en junio de 2018 por el supuesto espionaje que BBVA encargó contra la asociación de consumidores Ausbanc. La segunda, se abrió en enero por los trabajos realizados para boicotear los planes de Sacyr.
El juez que instruye la causa, Manuel García-Castellón, ya señaló en uno de sus escritos que no solo investiga a BBVA, sino también el papel que tuvo su entonces presidente ejecutivo, Francisco González, en la contratación del excomisario de Policía. El magistrado, dentro de esta causa, investiga la posible vinculación de Villarejo con el incendio de la Torre Windsor de Madrid, en el marco de los trabajos que hizo para la entidad.
