La imputación del presidente de honor de BBVA, Francisco González (FG), cada vez está más cerca. La denuncia presentada ante la Audiencia Nacional el día 12 de febrero por el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, junto con los exdirectivos del banco José Domingo de Ampuero y Vicente Benedito, por el presunto espionaje, da un impulso relevante a la investigación judicial del caso y abre la puerta a que el juez procese al banquero.
La demanda, a la que ha tenido acceso elEconomista, apunta directamente en varias ocasiones a la responsabilidad de González en el caso de las supuestas escuchas y seguimientos ilegales contra políticos y empresarios en 2004 y 2005, llevados a cabo por el excomisario José Manuel Villarejo. Estos trabajos fueron presuntamente encargados por el banco para defenderse del plan de Sacyr de hacerse con el 5% de la entidad, tomar su control y derrocar a FG, entonces presidente ejecutivo de la misma.
Hasta ahora, la Audiencia Nacional solo estaba investigando a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que está actuando de oficio en la causa, por lo que esta primera demanda, que podría no ser la última, refuerza la labor de indagación que está llevando a cabo el magistrado y que ésta no quede en saco roto. Cabe recordar que el exjefe de la Oficina Económica de La Moncloa, Miguel Sebastián, anunció hace unas semanas que emprendería acciones legales contra la entidad y sus responsables, al ser uno de los afectados.
Según señalan los denunciantes, "esta violación masiva de la intimidad de los espiados fue aparentemente inducida por responsables de la entidad BBVA mientras detentaba la presidencia ejecutiva D. Francisco González Rodríguez". Así, Del Rivero, De Ampuero y Benedito ponen el foco en el banquero al asegurar que el grupo financiero contrató a Villarejo "para conseguir determinada información en beneficio del Sr. González".
El escrito, remitido al magistrado Manuel García Castellón, que investiga las presuntas actividades ilícitas del exinspector, remarca que González, ante el intento de asalto de la constructora a BBVA, "vio peligrar su puesto en la entidad". A raíz de esta amenaza, el grupo financiero cerró un contrato de medio millón de euros con el expolicía, que se materializó en más de 16.000 llamadas telefónicas intervenidas entre noviembre de 2004 y enero de 2005, y varios seguimientos físicos a los implicados en el plan de asalto.
Entre los espiados estaban varios miembros del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, como la exvicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, o el entonces responsable de la Oficina Económica de La Moncloa, Miguel Sebastián, así como el propio Luis del Rivero, el exaccionista de la constructora, Juan Abelló, o el entonces director gerente del FMI, Rodrigo Rato.
Hechos sin prescribir
Los autores de la demanda señalan que los presuntos espionajes comandados por excomisario constituyen al menos dos delitos. De un lado, el escrito apunta a la presunta comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos de empresa, en referencia a las investigaciones realizadas sobre Sacyr. De otro lado, además, señala un segundo delito contra la intimidad cometido por un funcionario público, puesto que Villarejo era inspector de la Policía. "Las conductas denunciadas, de quedar acreditadas, constituyen una intromisión o injerencia en la esfera personal y una violación del derecho al secreto de las comunicaciones con el fin de descubrir secretos que forma parte de la esfera privada en ámbitos con expectativas legítimas de privacidad", reza la denuncia.
Por tanto, la defensa de los tres afectados considera que el autor o autores de los presuntos delitos se enfrentarían a una pena mínima "de dos años y medio a cuatro años de prisión" y a una inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años, según establece el Código Penal. Sin embargo, la condena podría ser mayor, según la demanda porque "existen indicios de modalidades más graves", ya que las conductas delictivas perseguían obtener información de los afectados como "datos de carácter personal que revelan la ideología, religión, creencias, salud, origen racial o vida sexual", e incluso pudieron realizarse "con fines lucrativos".
Asimismo, el escrito remitido al magistrado García-Castellón considera que los hechos no habrían prescrito aún, puesto que "su plazo" sería de "quince años". El presunto espionaje se realizó entre finales de 2004 y principios de 2005. La Audiencia Nacional inició la investigación sobre Villarejo en 2017, a partir de ese año se para el plazo de preinscripción, en el momento en el que se abren acciones judiciales, por tanto, solo habrían pasado 13 años desde los hechos descritos.
El juez ya ha puesto el foco sobre Francisco González. García-Castellón no solo investiga a BBVA, sino también busca desentrañar qué papel tuvo el presidente de honor del banco en la contratación del expolicía. Para ello, el magistrado ha solicitado esta semana a la entidad toda la información que tenga relativa a la relación contractual con el exinspector y le da un plazo de 72 horas para la entrega de la documentación que cumple este lunes. La negativa de BBVA a aportar los documentos podría desencadenar que García-Castellón ordene un registro en la sede del banco. Fuentes de la entidad aseguran que BBVA ha colaborado y colaborará con las autoridades judiciales, respetando los principios y garantías que rigen los procedimientos judiciales.
El requerimiento de información coincide en fecha con la publicación de la información que relaciona a Villarejo con el incendio de la Torre Windsor de Madrid, en el marco de los trabajos que realizó para el grupo financiero. En el siniestro ardieron los únicos documentos (propiedad de la consultora Deloitte, que tenía allí la sede) que podrían haber inculpado a González en una presunta operación irregular en la venta de su sociedad FG Valores a Merril Lynch.
