Opinión
Tras avalar el Constitucional el impuesto a las grandes fortunas, la Comunidad de Madrid tramitará por vía de urgencia un norma con el objetivo de que lo recaudado por el gravamen se quede en la Hacienda madrileña. La maniobra del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es compleja, pero en caso de tener éxito la intención es utilizar esos ingresos, que en 2023 fueron de 555 millones, para desplegar un nuevo catálogo de bonificaciones y rebajas fiscales a través del IRPF.