mADRID
Tras avalar el Constitucional el impuesto a las grandes fortunas, la Comunidad de Madrid tramitará por vía de urgencia un norma con el objetivo de que lo recaudado por el gravamen se quede en la Hacienda madrileña. La maniobra del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es compleja, pero en caso de tener éxito la intención es utilizar esos ingresos, que en 2023 fueron de 555 millones, para desplegar un nuevo catálogo de bonificaciones y rebajas fiscales a través del IRPF.
Unos recortes que no se quedarán en las 10.302 grandes fortunas que residen en la región sino que beneficiarán a todos los madrileños, especialmente a las rentas más bajas. Esta redistribución obligada del impuesto de Patrimonio, que Madrid tiene bonificado al 100% desde hace 15 años, no supondrá el fin de los beneficios fiscales anunciados por Ayuso en el proyecto de presupuestos para 2024, como la deducción de IRPF para inversores extranjeros o la deflactación del mismo impuesto. Madrid, por tanto, podrá exhibir una de las tributaciones autonómicas más atractivas de la UE.
Un claro ejemplo de la fiscalidad que todas las regiones deberían seguir y que ha permitido a Madrid liderar las inversiones, el crecimiento y la creación de empleo en España en los últimos años. Pese a ello, el Gobierno criticó estas iniciativas en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas, donde indicó que los gravámenes regionales restarán un total de 2.050 millones a la partida de ingresos en 2024. Una cifra a la que habría que sumar los 550 millones que Ayuso puede quedarse si su maniobra con la tasa a los 'ricos' prospera. En vez de cargar contra las rebajas autonómicas, el Ejecutivo debería tomar buena nota y replicar una fiscalidad como la que Madrid sigue, que beneficia a ciudadanos y empresas e impulsa el consumo y la actividad.
