La entidad ha empezado la comercialización del Fondo Ibercaja Perfilado 30 ASG, cuya filosofía de inversión consiste en construir una cartera diversificada de fondos propios y de terceros en la que la exposición a la renta variable oscilará entre el 15% y el 30%, en función de las expectativas que el equipo de inversiones de Ibercaja Gestión tenga en cada momento. El resto se invertirá en activos de renta fija pública y privada.

Repsol demuestra que su proyecto de crecer en energía renovable tiene un amplio alcance. Actualmente la multinacional española tiene en construcción 2.000 megawatios de este tipo de energía. Se trata de una iniciativa de la que su país natal se beneficia especialmente, ya que el 70% de esos recursos se concentran en suelo español. Pero Repsol llega más lejos al invertir en este ámbito también en Estados Unidos, Chile y buscar también más oportunidades en Europa, como demostró su reciente propósito de adquirir activos de este tipo en Italia. La petrolera es así cada vez más competitiva en uno de los sectores energéticos más prometedores del futuro, al tiempo que evidencia que los ambiciosos objetivos de descarbonización de su actividad son factibles.

España se enfrenta en 2023 al vencimiento de 160.000 millones de su deuda soberana, el equivalente al 12,5% de sus títulos de este tipo en circulación. Esta situación se plantea en un escenario muy diferente al propio del inmediato pasado, ya que el BCE no sólo eleva los tipos de interés. Además, recientemente redujo sus posiciones en deuda española, algo inédito en los últimos dos años. Con todo, no se puede decir que la situación sea alarmante ya que el interés al que España se financia está al alza pero se halla muy lejos de los niveles de la crisis de 2013. Sin embargo, sería temerario minusvalorar la amenaza que supone un pasivo público que quedará estancado cerca del 120% del PIB en el inmediato futuro. Se trata de un desequilibrio que creará preocupación en el mercado.

Una medida de excepción como la constituida por los créditos avalados por el ICO para pymes y autónomos cumplirá en el próximo mes de marzo tres años consecutivos en vigor. Muy al contrario, el Gobierno no dudó, durante uno de los últimos Consejos de Ministros de este año, incluso en prolongar la vigencia de una parte de ellos (los más vinculados a la crisis de Ucrania) hasta el 31 de diciembre del ejercicio que viene. Se trata de una decisión que resulta inevitable interpretar en clave electoralista, ya que en 2023 tendrán lugar comicios autonómicos y municipales y, más tarde, elecciones generales. Con la prórroga de los avales ICO, es claro que el Gobierno quiere concurrir a esas citas con las urnas disponiendo de una red de seguridad que contribuirá a evitar más cierres de pequeñas empresas, en un año tan conflictivo como el que se avecina. Ahora bien, la medida constituye una demora del problema y no la búsqueda de una solución efectiva. Lo demuestra el hecho de que el 45% de las pymes y autónomos que solicitaron este tipo de ayuda prevén que serán incapaces de devolver dichos préstamos en tiempo y forma, pese a conocer ya el plazo otra vez prorrogado para su devolución. Todo apunta a que, a medida que 2023 vaya avanzando, ese porcentaje se incrementará. Basta con observar el panorama que dibujan otros indicadores como el referido a la petición de concursos de acreedores, el cual registra crecimientos del 100% desde que la moratoria concursal terminó el pasado verano. Una parte importante del tejido empresarial español aún se encuentra convaleciente tras los daños causados por la epidemia y, más recientemente, la alta inflación, y hay visos de que lo peor en cuanto a cierres e impagos está por llegar.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con casi medio millón de euros al operador Parlem Telecom por no facilitar la información necesaria para que el regulador elabore informes sobre la evolución del sector y su situación competitiva.