Una situación límite para las pymes

Una medida de excepción como la constituida por los créditos avalados por el ICO para pymes y autónomos cumplirá en el próximo mes de marzo tres años consecutivos en vigor. Muy al contrario, el Gobierno no dudó, durante uno de los últimos Consejos de Ministros de este año, incluso en prolongar la vigencia de una parte de ellos (los más vinculados a la crisis de Ucrania) hasta el 31 de diciembre del ejercicio que viene. Se trata de una decisión que resulta inevitable interpretar en clave electoralista, ya que en 2023 tendrán lugar comicios autonómicos y municipales y, más tarde, elecciones generales. Con la prórroga de los avales ICO, es claro que el Gobierno quiere concurrir a esas citas con las urnas disponiendo de una red de seguridad que contribuirá a evitar más cierres de pequeñas empresas, en un año tan conflictivo como el que se avecina. Ahora bien, la medida constituye una demora del problema y no la búsqueda de una solución efectiva. Lo demuestra el hecho de que el 45% de las pymes y autónomos que solicitaron este tipo de ayuda prevén que serán incapaces de devolver dichos préstamos en tiempo y forma, pese a conocer ya el plazo otra vez prorrogado para su devolución. Todo apunta a que, a medida que 2023 vaya avanzando, ese porcentaje se incrementará. Basta con observar el panorama que dibujan otros indicadores como el referido a la petición de concursos de acreedores, el cual registra crecimientos del 100% desde que la moratoria concursal terminó el pasado verano. Una parte importante del tejido empresarial español aún se encuentra convaleciente tras los daños causados por la epidemia y, más recientemente, la alta inflación, y hay visos de que lo peor en cuanto a cierres e impagos está por llegar.

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