Madrid
La nueva normativa en materia concursal trae importantes oportunidades para empresarios y fondos de inversión, pero, en lo referente a préstamos ICO, los expertos consideran que los requerimientos de la ley provocan una "situación compleja y de incertidumbre" que deberá gestionarse para asegurar la competitividad de las empresas españolas.
Este fue uno de los temas que centraron la conversación de la segunda mesa de debate "Principales cambios regulatorios e impacto en el mercado" de la jornada La reestructuración empresarial que viene: el momento del capital privado, organizada por elEconomista.
Y es que, precisamente, uno de los mayores atractivos de esta reforma es, en caso de reestructuración de deuda, la posibilidad de arrastrar a todos los acreedores, siendo la única excepción los créditos de derecho público.
De acuerdo con Josefa Llinares, head of Origination de Cairn Capital, "cuando los bancos tengan un préstamo ICO, éste se puede arrastrar y poner una quita, pero se necesita el acuerdo del avalista que, en este caso, es Hacienda. Entonces, ahí está la incertidumbre, porque te puede decir que no o puede tardar más tiempo en responder", lo cual supondría un retraso que perjudicaría aún más la compañía y la falta de liquidez.
Ignacio Marqués del Pecho, socio de Arcano Corporate Finance, coincidió con Llinares, afirmando que los préstamos ICO son "el gran agujero de esta reforma", ya que, "solamente puedes arrastrarlos si recibes la afirmación del avalista".
Estos créditos fueron parte de las medidas extraordinarias publicadas por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias de la crisis sanitaria, como medio para reactivar la economía. De este modo, se aprobó una línea de avales por parte del Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), para renovar los préstamos vigentes, así como para obtener nueva financiación. Así, muchos autónomos y empresas se acogieron a estos avales y, ahora, se encuentran con la dificultad de que "no se puede reestructurar o refinanciar la última deuda que ha entrado en todas las compañías. Se trata de una situación compleja y de incertidumbre", en palabras de Marqués del Pecho.
Alexander Wit, managing partner del fondo español PHI, comparó la situación con la de 2008-2010, cuando los bancos eran incapaces de dar quitas a causa del problema inmobiliario, por lo que España tardó cinco años en comenzar a recuperarse, mientras que Estados Unidos lo hizo en un año gracias a que los bancos "hicieron un Mark to Market, tomaron la pérdida e hicieron borrón y cuenta nueva". Según Wit, con los préstamos ICO va a suceder algo similar. "Tenemos un montón de deuda que fue muy necesaria a causa de la Covid-19, lo cual fue muy acertado, pero ahora, ¿cómo vamos a ayudar a las empresas, que tienen esta mochila nueva, a salir? El no pagar intereses y esperar diez años está bien para las empresas que no necesitan capital, pero la verdad es que competimos con empresas inglesas, holandesas, alemanas, que sí van a hacer las quitas probablemente. O, si las hacen más rápido, van a ser mucho más competitivos". De esta forma, concretó que las empresas no tendrán capacidad de "levantar capital nuevo", ni de "atraer un inversor de equity", ya que estos no van a entrar "por mucho que se pague en 20 años, porque al final cuando venda se lo van a restar del precio y va a estar out of the money siempre". Así, concluyó que si no hay una forma de "desapalancar" a las empresas que lo necesitan de una forma rápida "vamos a estar cinco años en los que la única forma de hacer la quita va a ser con unidades productivas", lo que supondrá mucha degradación industrial.
A este respecto, Cruz Amado, directora responsable de Restructuring & Insolvency de Deloitte Legal, expuso la crítica, bajo su punto de vista, generalizada, de que, "a nivel de los créditos de derecho público, estamos en peor condiciones que casi todos los países de nuestro entorno. Tiene sentido el crédito público relacionado con trabajadores o con salarios, con la parte que más sufre estos procedimientos, para que tenga garantías, pero una vez que el crédito público está funcionando como un acreedor más en el mercado, a lo mejor esos privilegios no tienen tanto sentido, ya que nos sitúan en unas condiciones competitivas peores".
Sergio Serrano Escobedo, director de Proyectos Singulares de Banco Sabadell, destacó la necesidad de buscar mecanismos para "no condenar" a aquellas empresas que hayan pedido un préstamo ICO, con una participación significativa en su crédito, puesto que en este momento y según la nueva ley "no hay solución de reestructuración, solo hay liquidación".
Una reflexión que compartía Serrano Escobedo. En la banca, con una aproximación de 140.000 empleados en España, "no vamos a ser capaces de guiar y dar opinión en todas las reestructuraciones que nos van a plantear las empresas" y, aunque reconocía no saber cuántos empleados tiene el ICO o cuántos abogados del estado o de la agencia tributaria trabajarán en este asunto, no consideraba posible que fueran más de 100.000. "Entonces, si nosotros no vamos a llegar a ver caso por caso, difícilmente va a poder llegar el ICO, salvo que se invente algún sistema o alguna herramienta alternativa"
Entre las alternativas contempladas en la mesa de debate, se nombró la posibilidad de hacer una nueva clase de deuda y arrastrar el préstamo ICO mediante homologaciones judiciales, re-pagar el crédito por completo con una estructura nueva, aceptar que se puedan traspasar y que, en ese momento, se liquide la garantía ICO, siempre con unas reglas claras que establezcan este procedimiento, o que, por último, los bancos renuncien a ese tipo de aval para buscar una solución.
"La solución final la están poniendo todos los operadores privados sobre un problema que se ha creado desde el lado público", denunció el socio de Arcano Corporate Finance.
"El largo plazo de la industria en España va a depender mucho de que se hará con estos préstamos ICO", finalizó Wit.
Otros aspectos de la ley
En lo que respecta al resto de la normativa, los ponentes se mostraron satisfechos con las modificaciones, mostrándose optimistas al respecto, al percibirlo como un cambio positivo de cara al futuro.
Serrano Escobedo explicó que estos cambios serán beneficiosos para "no seguir zombificando la economía española" y que se dé una oportunidad a los negocios que realmente sean viables y que solo "hayan tenido un tropiezo", sin "cronificar refinanciones reiteradas", lo cual "se ha repetido demasiado en el mercado español".
Además, insistió en que lo que se pretende salvar es el negocio, no al dueño del negocio, cuya diferencia debe quedar muy clara. "Con lo que deben quedarse los empresarios es con la probabilidad de insolvencia", afirmó, aludiendo la determinación de la ley como tal cuando un deudor no puede afrontar los pagos que venzan en dos años. "Durante esos dos años de anticipación, es donde van a poder proponer cosas. Esto va a suponer un cambio cultural de nuestro empresariado", resaltó. Por último, destacó que ofrece una ocasión idónea para que los acreedores presenten su propio plan y tomen la iniciativa.
"Espero que se consigan reducir mucho las ventas de unidad productiva y los concursos porque se lleguen a acuerdos con más celeridad", dijo Wit, en cuanto a sus expectativas.
Y es que la normativa supone un "refuerzo negativo a empezar estos procesos", en palabras de Amado, y propicia que "se realicen de una forma negociada"
Asimismo, la directora responsable de Restructuring & Insolvency de Deloitte Legal, mostró su entusiasmo por la mejora del marco jurídico, que ahora considera más propicio (exceptuando, por supuesto, la situación de los créditos ICO). "Estamos hablando de supuestos en los socios ya no tienen valor en la compañía y de esta manera puede dársele la mejor opción a través de otros stakeholders que sí que tengan valor en la compañía y que, por lo tanto, pueden tomar el control y afectar a proveedores", afirmó.
Se trata, en palabras del representante de Banco Sabadell, de una oportunidad para "repensar la empresa en vez de afrontar solo la parte negativa y, con una refinanciación, generar una oportunidad de crecimiento con un socio nuevo".
"No sabemos cómo va a funcionar en un país como España, que siempre ha sido más pro-deudor que pro-acreedor comparación con otros países —expresó Llinares—. Tenemos que ver cómo los jueces aplican la ley". Y es que, debido a la novedad de esta normativa, aún no se han dado casos que hayan sentado jurisprudencia en este sentido.
Por su parte, el socio de Arcano Corporate Finance, alabó el aumento de los plazos para reestructurar las compañías. "Era muy difícil hacer algo en tres meses. Ahora tienes tres más tres más uno, lo cual es mucho más razonable", concretó. Del mismo modo, destacó la dotación a los acreedores con nuevas herramientas a utilizar en caso de que el deudor no sea proactivo.
Otro aspecto que el ponente consideró destacable, es la nueva figura del experto independiente, que puede ser propuesto por el deudor y ratificado por el juez. Sin embargo, previno acerca de que "hay que ver qué papel toma esa figura, porque tampoco es sencillo decir si está in the money o out of the money".
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