El litigio judicial abierto por el colapso del Popular en 2017 presentaba, en origen, dos procesos abiertos en la Audiencia Nacional por las ampliaciones de capital acometidas por el banco en 2012 y 2016, con derivadas contradictorias. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama propuso el lunes juzgar al expresidente del banco, Ángel Ron, a otros 12 directivos y a la consultora PwC por delitos de estafa y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016, archivando al tiempo la causa por falta de indicios para Emilio Saracho y 20 investigados más. Apenas dos días después, el 6 de marzo, el juez Santiago Pedraz ha vuelto a decretar el archivo de la causa por la ampliación de 2012 con un respaldo de facto a las tesis de la defensa de Ángel Ron y de la propia Fiscalía. En ambos casos lo que se destila es si hubo o no gestión delictiva.
