El juez del caso Popular, José Luis Calama, propone juzgar al expresidente de Banco Popular, Ángel Ron, otros doce directivos de la entidad y a la consultora PwC por delitos de estafa y falsedad contable en la ampliación de capital del año 2016. Al mismo tiempo, el magistrado ha archivado la causa por falta de indicios para el también expresidente del banco, Emilio Saracho, y otros 20 investigados.
En este sentido, el auto hecho público este mismo lunes señala que los inversores acudieron "engañados", puesto que los estados financieros de ese año y de 2015 "no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio". En la resolución, se considera acreditado que el consejo de la entidad celebrado el 25 de mayo de 2016 decidió llevar a cabo y ejecutar el aumento de capital acordado en la junta a sabiendas de que la Comisión de Auditoría del Consejo había dado luz verde a "la aprobación de informe favorable para la ampliación de capital."
En el auto, el magistrado acuerda el sobreseimiento provisional para el expresidente Emilio Saracho al no haber tenido ninguna intervención en las vulneraciones de la normativa contable, sino que, por el contrario, dice el juez, tomó medidas para chequear y evaluar el balance del banco. Además, señala que no se ha podido constatar que fuera el responsable de las "graves filtraciones" a la prensa que aceleraron la fuga de depósitos que sufrió el Banco Popular.
El folleto de la ampliación
Respecto al folleto de la ampliación de capital, explica el auto, "se ofrece una información financiera conscientemente alterada (que ocultaba a los inversores enormes déficits de provisiones) entresacada de las cuentas anuales del año 2015 (auditadas por PwC) y de los estados financieros a 31.03.2016 (con informe limitado de dicha auditora)". El magistrado explica que si se hubieran reflejado las provisiones adecuadamente, "el resultado contable de la cuenta de pérdidas y ganancias habría arrojado como mínimo 2.500 millones de pérdidas, en vez de los beneficios declarados".
Así, el magistrado subraya que PwC no consignó ninguna salvedad en su informe de auditoría de las cuentas anuales de 2015, ni tampoco en los estados financieros intermedios a fecha 31 de marzo de 2016.
Respecto a la comercialización de la ampliación de capital, el magistrado relata que se impartieron instrucciones veladas a la red comercial, por orden del consejero delegado Francisco Gómez, a fin de financiar a muchos clientes la compra de acciones, a pesar de que estaba expresamente prohibido en el Manual de Políticas de Riesgo del Banco Popular. La cantidad financiada, agrega, no se restó del capital regulatorio que afectaba al banco, motivo por el cual se ofreció al mercado una cifra distorsionada del mismo.
Calama explica que ha quedado fuera de la instrucción la actuación de los supervisores, entre los que se encuentran la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España (BdE) y el Banco Central Europeo (BCE), pues desde el inicio de la investigación penal se señaló que no compete al órgano judicial determinar si el sistema de supervisión funcionó correctamente o no y añade que serán otros ámbitos los que deberán señalar si estuvieron o no a la altura.
Ron recurrirá el auto
El expresidente de Banco Popular, Ángel Ron, recurrirá el auto del juez Calama y afirma que en el momento de su resolución "era un banco solvente, viable y rentable", según los inspectores del Banco de España. "No se corresponde con lo que se ha instruido y las conclusiones no se corresponden con los hechos declarados", señala en un comunicado emitido este mismo lunes.
"Es obvio que la ampliación de capital de 2016, que reforzó los niveles de solvencia y provisiones, y que fue suscrita por directivos y miembros del Consejo por un importe de 500 millones de euros, que perdimos con la resolución nada tuvo que ver con la resolución no investigada que acabó con el Banco", apunta Ron en lo que se refiere a los "engaños" de los que habla el auto que se dieron en este movimiento. "En esa ampliación de capital de 2016, yo mismo y otros consejeros invertimos en total 500 millones de euros, por lo que soy un perjudicado de los que considero un expolio del Banco Popular", reitera.
Con respecto a los problemas que el magistrado señala en las cuentas del banco de los años 2015 y 2016, Ron apunta que "puedo afirmar rotundamente que NO había agujero alguno en las cuentas de 2015 que dieron base a la ampliación de capital de 2016", señalando que los peritos inspectores del Banco de España apuntaron que "no cabe la exigencia de una corrección en la cuenta anual de pérdidas y ganancias del ejercicio 2015 ni 2016".