Hacienda ha impuesto la primera sanción del 150 por ciento sobre la cuota resultante de la liquidación realizada por la Inspección, por un capital situado en el extranjero, declarado por el contribuyente fuera de plazo y no regularizado, al considerar que se trataba de rentas ya prescritas. Los temores de los asesores fiscales se han materializado.
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC), cuyas conclusiones se plasman en sentencia de 27 de mayo de 2015, rechaza que el Impuesto estatal sobre Depósitos en Entidades de Crédito vulnere los principios de seguridad jurídica e irretroactividad, lo que supone un nuevo aval constitucional para este tributo.
Las sentencias condenatorias firmes por delito fiscal se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una vez que entre en vigor la Ley Orgánica por la que se Regula el Acceso y Publicidad de Determinada Información Contenida en las Sentencias Dictadas en Materia de Fraude Fiscal, cuyo proyecto será remitido por el Gobierno, tras su aprobación ayer por el Consejo de Ministros, al Parlamento.
El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Sevilla alerta de la desigualdad recaudatoria del Impuesto sobre el Patrimonio y anima a una regulación común en el conjunto de España que evite los agravios para la actividad económica que supone la actual tributación. La provincia de Sevilla concentra el 25 por ciento de las cuantías que ingresa la Junta de Andalucía en concepto de impuesto de patrimonio. En concreto, en 2014 ingresaron 21,9 millones de euros de contribuyentes sevillanos.
"Vamos a por el mercado de información jurídica en España de las grandes corporaciones y los pleitos", afirma Juan Pujol, consejero delegado del Francis Lefebvre en España, que lidera la información jurídica práctica para el abogado, la empresa y sus asesores.
El Consejo Fiscal hizo público ayer un informe que arremete contra el Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso a la información contenida en las sentencias en materia de fraude fiscal, que regula la inclusión de los nombres de los condenados en firme al publicar las sentencias.
El Gobierno va ha defender en Bruselas que nuestro modelo de servicios en España es un modelo eficiente, competitivo, consolidado y de calidad y vamos a tratar de defender nuestro sistema y vamos a trabajar con tranquilidad, consultando, y no existe ningún expediente de infracción iniciado", anunció ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el transcurso de su intervención en las IX Jornadas de Juntas de Gobierno del Consejo de Procuradores de España.
La declaración del perito de la aseguradora se sobrepone a la del asegurado y se le otorga mayor fiabilidad sobre la veracidad de un requerimiento hecho por aquél para realizar unos arreglos en una arqueta situada en un local antes del siniestro, así como a la negativa del asegurado a permitir el acceso, puesto que dicho asegurado había procedido a poner tarima en el suelo sin respetar la arqueta, de forma que el acceso a ella suponía la destrucción del entarimado con las consiguientes molestias para el negocio.
"Hay una visión de que estas entidades la única labor que realizan es la defensa de los intereses de sus colegiados, de sus profesionales. Se ve a los colegios como unas instituciones del Medievo y se ignora la labor de defensa de los intereses de los ciudadanos que realizan, recibiendo las quejas y las dudas que nos plantean y gestionando servicios como el de la justicia gratuita. Los que se percibe en líneas generales que el legislador no tiene en cuenta la labor de los colegios profesionales venimos haciendo".
Andalucía es la segunda comunidad autónoma que más aspirantes presenta a la convocatoria de gestores administrativos realizada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Sólo por detrás de la comunidad de Madrid. En total 171 aspirantes de las ocho provincias andaluzas. 64 del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería, 33 del Colegio de Málaga, y 74 del Colegio de Sevilla, que también aglutina las provincias de Huelva, Cádiz y Córdoba. Los aspirantes son licenciados en Derecho (casi un 50%), Económicas, Políticas o Empresariales, entre otras titulaciones. El 48% son mujeres y el 52% hombres. Y la media de edad de los aspirantes es de 37 años.