El Consejo Fiscal hizo público ayer un informe que arremete contra el Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso a la información contenida en las sentencias en materia de fraude fiscal, que regula la inclusión de los nombres de los condenados en firme al publicar las sentencias.
Concluye el informe que ante una reforma como ésta, que podría afectar a la Parte General del Código Penal, se debería hacer una reflexión global sobre todos los tipos penales, delimitando las sentencias que deben ser objeto de publicación o conocimiento público, los datos de las mismas que deben ser conocidos y las formas de acceso a su conocimiento, en función de la gravedad de los delitos que hayan sido juzgados.
Dudas sobre la relevancia
Asegura que "se hace muy difícil admitir que exista una relevancia pública de todos los procedimientos seguidos" por hechos que puedan ser constitutivos de un delito contra Hacienda o de insolvencia punible cuando la perjudica.
Comenta que la Exposición de Motivos del Anteproyecto se manifiesta claramente en contra de atribuir naturaleza sancionadora a dicha publicación. Sin embargo, un análisis de la legislación y jurisprudencia existente en relación con esta materia "nos conduce precisamente a la conclusión contraria".
Y añade, que aunque se afirme que la publicación de sanciones penales ya ha sido incorporada a nuestro ordenamiento jurídico en ámbitos como el sector financiero y la prevención de riesgos laborales, lo cierto es que en el ámbito penal la misma es desconocida.
Estima que el objetivo de rehabilitación podría verse seriamente menoscabado si la información fuera ampliamente disponible y pública, y esta es la razón por la que el Registro Central de Penados fue declarado como un Registro no público, para proteger el honor y la intimidad de las personas.
