La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha confirmado la intención del gobierno regional de incrementar las tarifas del transporte público con el objetivo de destinar lo recaudado a nuevas inversiones. La responsable de las cuentas madrileñas aseguró que "lo que no se puede es hacer imposibles" y reclamó llevar a cabo una revisión al alza del marco tarifario para mantener "el nivel de inversión" en Metro de Madrid.

La compañía de movilidad compartida Amovens registró un crecimiento de su negocio de un 50% respecto al año 2022, cuando se anotó un volumen de negocio de 1,35 millones de euros, lo que elevaría este valor al entorno de los 2 millones en 2023. Estas cifras les permiten dejar atrás las pérdidas por primera vez en su historia y superar sus propias expectativas de alcanzar el equilibrio financiero (break-even). Para compartir el logro de este pequeño gran hito, la dirección de Amovens ha acordado repartir este beneficio entre todos los empleados de los distintos países en los que opera.

La opa voluntaria lanzada por la presidenta de Prosegur, Helena Revoredo, sobre un 15% del capital de la compañía de seguridad, ha sido finalmente aceptada por un 13,23% de los accionistas, según ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a cierre de la sesión.

Un informe de la consultora Ocean Infrastructures Management, filial de Ocean Capital Partners, firma especializada en el sector portuario, estima una importante subida del negocio de los cruceros a escala mundial para los próximos años, si se consolidan las cifras del pasado 2023, cuando las tasas de crecimiento fueron próximas al 70% respecto a su antecesor. Así, el impacto económico del sector habría crecido hasta los 9.500 millones de euros el pasado año, frente a los 5.600 millones del anterior, debido al boom que vive el sector turístico, en general, y el crucerístico en particular.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) reclama un cambio de modelo en el sistema de transportes de España coincidiendo con la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible, cuyo principio fundacional, "la movilidad como derecho", cuestiona al considerarlo "discutible y poco operativo" en una economía de mercado. Además, demanda incorporar en su articulado nuevos mecanismos de evaluación, que se recupere la propuesta de instalar peajes en las autovías y autopistas de gran capacidad —retirada por la presión política en plena campaña electoral—, y aboga por llevar esos pagos a las ciudades como forma de reducir la contaminación y la densidad del tráfico en las mismas.