El ministro boliviano de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, ha anunciado que durante las próximas semanas el presidente de Repsol, Antonio Brufau, visitará el país y anunciará una inversión de 1,200 millones de dólares, unos 1,043 millones de euros al cambio actual.
Unas 1.700 ciudades de 24 países europeos aglutinadas en la Climate Alliance, Federane, la red europea de agencias regionales de energía -unas 70 entidades de 20 socios comunitarios-, así como más de 50 empresas y organizaciones -desde Siemens a Sanjose, pasando por Ferrovial o Veolia-, han reclamado a la Comisión y al Parlamento europeos el cambio de los criterios para decidir qué inversiones públicas generan déficit, de modo que las destinadas a incrementar la eficiencia energética queden excluidas.
El Gobierno anunció el viernes que aumentará las ayudas a la extracción de carbón nacional en 10 euros por tonelada. Sin embargo, el incremento no garantiza que las eléctricas compren el mineral -es más caro e ineficiente que el de importación- y, además, las empresas mineras tendrán que devolverlo si quieren seguir abiertas después de 2018.
Endesa reclamó ayer, durante la celebración de su Junta de Accionistas, la modificación del bono social para colectivos vulnerables, actualmente costeado íntegramente por las compañías eléctricas, que destinaron 186 millones de euros a tal efecto durante el año pasado; la filial de Enel en España y Portugal corrió con la mayor parte, el 41%: 76,2 millones.
EDF, la compañía eléctrica francesa controlada en un 85 por ciento por el Estado, se desplomó ayer un 11 por ciento en bolsa, tras haber anunciado el viernes una ampliación de capital de 4.000 millones de euros -de los que 3.000 millones saldrán del erario público- y un plan de ahorro y desinversiones por 10.000 millones hasta el año 2020. Las inversiones también sufrirán un recorte de 2.000 millones hasta 2018, quedándose en una horquilla entre los 12.500 y los 13.500 millones anuales.
La última Planificación Hidrológica, correspondiente a los años 2016-2021, sigue acumulando recursos en el Tribunal Supremo. A las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Cataluña, varias ONG, comunidades de regantes y ayuntamientos, se han sumado empresas eléctricas.
La semana pasada se reunieron en Nueva York los representantes de 171 países para rubricar el Acuerdo de París, alcanzado el pasado mes de diciembre, para frenar el calentamiento global. Todo han sido felicitaciones y buenas palabras, pero detrás de tanta fanfarria subyace una pregunta clave: ¿hasta qué punto son creíbles los 187 planes para reducir las emisiones de CO2 -INDC, por sus siglas en inglés- presentados por los signatarios?
LaPlanificación Hidrológica 2016-2021, aprobada por el Gobierno en funciones el pasado enero para cumplir con los plazos fijados por Bruselas, amplía los caudales ecológicos de los ríos del país, lo que reduce el volumen de agua que pude usarse para producir electricidad en unos 800 GWh anuales. El impacto económico rondará los 40 millones de euros por ejercicio.
El gigante de renovables estadounidense SunEdison ha terminado por acogerse al concurso de acreedores en EEUU -el llamado Capítulo 11- al no poder afrontar una deuda de 11.500 millones de dólares, unos 10.185 millones de euros al cambio actual. Según Reuters, es la mayor quiebra de una empresa no financiera de la última década.
La última Cumbre climática de la ONU (COP 21), celebrada en París el pasado mes de diciembre, ha confirmado el compromiso de la inmensa mayoría de los países a la hora de combatir el calentamiento global y con ello ha abierto un nuevo paradigma en el mundo energético: tras el Acuerdo de París, el proceso de descarbonización es imparable, aunque según los planes energéticos actuales presentados por los diferentes países se producirá a un ritmo insuficiente para contener el incremento de la temperatura planetaria por debajo de los 2º centígrados.