La última Planificación Hidrológica, correspondiente a los años 2016-2021, sigue acumulando recursos en el Tribunal Supremo. A las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Cataluña, varias ONG, comunidades de regantes y ayuntamientos, se han sumado empresas eléctricas.
El Boletín Oficial del Estado recogía el sábado pasado los recursos presentados por Gas Natural Fenosa (GNF), la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) y de Hidroeléctrica del Giesta, contra el Real Decreto 1/2016, que recoge la Planificación de competencia estatal.
En el caso de GNF, la entidad recurre por el contenido de la disposición transitoria segunda, que afecta a los expedientes en tramitación para otorgar o modificar una concesión: se les añade un nuevo trámite si no estaban conformes al Plan Hidrológico precedente a la aprobación del citado decreto.
Respecto a APPA, la asociación indica que no está conforme por el perjuicio que provoca a las explotaciones hidroeléctricas la introducción de nuevos caudales ecológicos -tendrán un impacto de unos 40 millones de euros al año en todo el país-, porque los nuevos planes modifican concesiones de agua de las centrales y, de un modo más amplio, por la inseguridad jurídica.
La Planificación Hidrológica siempre es polémica, tanto por los conflictos alrededor de la gestión de los escasos recursos hídricos como por su politización.
