Endesa reclamó ayer, durante la celebración de su Junta de Accionistas, la modificación del bono social para colectivos vulnerables, actualmente costeado íntegramente por las compañías eléctricas, que destinaron 186 millones de euros a tal efecto durante el año pasado; la filial de Enel en España y Portugal corrió con la mayor parte, el 41%: 76,2 millones.
Tanto el presidente, Borja Prado, como el consejero delegado, José Bogas, trataron la pobreza energética en sus intervenciones ante los accionistas. El segundo lo hizo con más detalle y expuso los cambios que debería experimentar el bono social para ser más efectivo.
En primer lugar, habría que cambiar los criterios de su concesión, para ligarlo a la renta de los beneficiarios. Hoy lo pueden recibir pensionistas, familias numerosas o en paro y consumidores con menos de 3 kW de potencia contratada en su vivienda principal, independientemente de sus ingresos.
Este "rediseño", en palabras de Bogas, "permitiría asignar los recursos a un fondo claramente centrado en asegurar el suministro de las familias que no pueden pagar la factura eléctrica, ni siquiera con descuento, y que sean identificados como tales por los servicios sociales de los Ayuntamientos". Prado, en declaraciones a los medios, aclaró que dicho fondo no sólo recibiría dinero de las empresas privadas.
Eliminar extracostes
Además, la compañía pide "limpiar" la tarifa de extracostes y cargas impositivas para abaratarla, y que parte del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), dotado con 216 millones este año, sirva para mejorar el aislamiento térmico de las viviendas; este año, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), encargado de gestionar el FNEE, cuenta con 174 millones para ello, pero con cargo a fondos europeos.
Además de reclamar este cambio para el bono social, la compañía expuso su esfuerzo al margen del mismo para combatir la pobreza energética, algo que afecta a un 15% de los hogares, que destinan más del 10% de su renta al consumo de energía de la vivienda, según el último estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales.
Así, Endesa ha firmado 107 convenios con otros tantos ayuntamientos -el 75% de la población-, para no cortar la luz si hay impago de consumidores bajo tutela de los servicios sociales municipales. En los últimos cinco años, los cortes de luz que ha ejecutado han bajado un 70%.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau amenazó hace unas semanas con multar a las empresas que corten los suministros básicos.
