Unas 1.700 ciudades de 24 países europeos aglutinadas en la Climate Alliance, Federane, la red europea de agencias regionales de energía -unas 70 entidades de 20 socios comunitarios-, así como más de 50 empresas y organizaciones -desde Siemens a Sanjose, pasando por Ferrovial o Veolia-, han reclamado a la Comisión y al Parlamento europeos el cambio de los criterios para decidir qué inversiones públicas generan déficit, de modo que las destinadas a incrementar la eficiencia energética queden excluidas.
Las entidades han hecho la petición mediante sendas cartas, a las que ha tenido acceso elEconomista, remitidas a Jyrki Katainen, vicepresidente de la Comisión y comisario de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, y a los miembros del Comité de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo.
En ellas subrayan la contradicción existente entre la obligación fijada por la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética, a saber, que la Administración renueve anualmente el 3% de sus edificios desde 2014, y el hecho de que Eurostat considere que este tipo de inversiones computen como déficit público.
Según una encuesta realizada en el seno de UE Esco y Efiees -patronales europeas de la eficiencia energética-, el criterio actual tiene un importante impacto negativo en 10 países: Austria, Bélgica, Bulgaria, Irlanda, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Suecia y España; aquí el Gobierno central paralizó estas inversiones durante la pasada legislatura, ante la urgencia de controlar las cuentas estatales.
Alrededor del 40% del consumo de energía en la UE se realiza en los edificios y la Comisión estima que para alcanzar los objetivos de eficiencia energética de 2020 -reducir el consumo un 20%- hay que invertir de 60.000 a 100.000 millones de euros sólo en los inmuebles. No obstante, sólo se está captando la mitad de ese capital, y una de las principales razones es que la inversión se considera déficit público.
Los firmantes de las cartas plantean alternativas: reconocer los ahorros que propicia la eficiencia a la hora de fijar prioridades de inversión pública; crear una clasificación especial para estas inversiones, al margen del sistema convencional; garantizar flexibilidad en el cumplimiento de los pactos de estabilidad por las actuaciones en eficiencia; y no considerar que el precio del ?activo? es el edificio, sino sólo los equipos y elementos sobre los que se va actuar, para reducir el volumen de las garantías obligatorias.