El Gobierno anunció el viernes que aumentará las ayudas a la extracción de carbón nacional en 10 euros por tonelada. Sin embargo, el incremento no garantiza que las eléctricas compren el mineral -es más caro e ineficiente que el de importación- y, además, las empresas mineras tendrán que devolverlo si quieren seguir abiertas después de 2018.
Después de semanas de intensa actividad de lobby de la patronal sectorial, Carbunión, y de los sindicatos UGT y CC OO para mejorar las condiciones de la minería, asolada por liquidaciones empresariales -Hullera Vasco-Leonesa- y expedientes de regulación de empleo -Uminsa, Minera Astur Leonesa-, el Gobierno anunció ayer que ha llegado a un principio de acuerdo con la Comisión Europea para incrementar los pagos a la extracción de carbón nacional asociados al Plan de Cierre de las minas de carbón no competitivas.
El acuerdo, alcanzado con la Dirección General de Competencia -aún han de aprobarlo otras áreas de la Comisión-, consiste en aumentar los pagos a las explotaciones en 10 euros por tonelada, de modo que las galerías pasen a recibir 25 euros por tonelada, mientras que las explotaciones a cielo abierto, que no recibían nada desde 2014, cobren los 10 euros.
Sorpresa en el sector
La patronal Carbunión ha recibido la noticia con cierta sorpresa porque, aunque había oído rumores, no sabía que fuera a producirse; su presidente, Óscar Lapastora, no ha querido hacer ninguna valoración hasta conocerla mejor.
Castilla y León, muy activa en la defensa de la minería, ha celebrado el acuerdo, calificándolo de "tabla de salvación" para el sector. Otras fuentes, en cambio, son muy duras y lo califican de "envenenado" y de "trampa", porque según la Decisión 2010/787/UE estas subvenciones deben ser devueltas por las empresas mineras si quieren seguir abiertas a partir de 2018.
Por eso el sector pedía la exención del llamado céntimo verde, un impuesto específico sobre los hidrocarburos -0,15 euros por Gigajulio- que tendría un impacto económico similar, unos 25 millones de euros con el volumen de carbón extraído el año pasado, pero que no habría que devolver. Los grupos parlamentarios, con la abstención del PP y Ciudadanos, así lo habían reclamado.
Además, el incremento de las ayudas no resuelve el gran problema de la industria, que las eléctricas no compran el mineral autóctono al ser más caro e ineficiente que el importado. No obstante, el nuevo incentivo se establecerá anualmente según la diferencia entre el precio internacional del carbón y el precio del mineral nacional en 2013, cuando se adoptó el Plan de Cierre que incluye las subvenciones, lo que reducirá el diferencial de precio.
Las ayudas a las explotaciones mineras están limitadas por la citada Decisión y se reducen progresivamente hasta su desaparición. Ahora bien, el Gobierno, acuciado por la crisis económica, las recortó drásticamente al inicio de la legislatura y ha otorgado muchas menos de las autorizadas: al año pasado le correspondían 27 millones, frente a un máximo permitido de 180 millones. Y tampoco las ha librado en tiempo y forma: este año no ha transferido nada y aún están pendientes los pagos de noviembre y diciembre del año pasado.
El sector viene denunciando que fuera de España el cierre de la minería se encara mucho mejor. El referente es Alemania, donde se dedican 11.000 millones; el ejemplo negativo es Reino Unido, donde la mala clausura de las minas ocasiona costes a perpetuidad de 40 millones al año en afecciones ambientales a los acuíferos y de otro tipo.
La producción cayó un 21,8% el año pasado
El año pasado la generación eléctrica con carbón supuso algo más del 20% del total, pero la gran mayoría fue mineral de importación; sólo una cuarta parte fue nacional, y la mitad no salió de las minas durante el año, sino que se extrajo en ejercicios anteriores y estaba almacenado.
En 2015 las explotaciones mineras produjeron 3,04 millones de toneladas, un 21,8% menos que en 2014. En Asturias se extrajeron 1,19 millones de toneladas, en Castilla y León 0,36 millones, en Castilla-La Mancha 0,17 millones y en Aragón 1,32 millones.
Las ayudas asociadas específicamente a la actividad minera -distintas a las ayudas a las comarcas o a la generación eléctrica, ahora inexistente- bajaron en 2015 un 91% respecto a 2011, mientras que Bruselas establecía una reducción del 40%.
