La apuesta de la Generalitat por hacer de la calle su arma para doblegar al Estado eleva el conflicto catalán a una magnitud desconocida. Los hechos de las últimas semanas constatan que hay miles -o, incluso, decenas de miles- de independentistas que, en cuestión de minutos, están dispuestos a acudir raudos al llamamiento de ANC y Òmnium y, si es necesario, enfrentarse a la acción de la Policía o la Guardia Civil.
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La línea roja estaba fijada a las 10:00 de la mañana. Si antes de ese momento el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no respondía satisfactoriamente al requerimiento enviado por el Gobierno, la aplicación del artículo 155 seguiría su curso y se iniciaría la siguiente fase: la intervención de la autonomía catalana. Y la respuesta no ha sido satisfactoria: Puigdemont amenaza en su carta a Rajoy con votar la declaración unilateral de independencia en el Parlament si el Gobierno no comienza a dialogar.
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El detalle con el que la jueza describe la actuación de 'los Jordis' desmiente la propaganda separatista
"Tenemos presos políticos otra vez", publicaba en inglés el presidente catalán, Carles Puigdemont, minutos después de conocerse la decisión de la Audiencia Nacional de decretar la prisión provisional de los líderes de la ANC y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart -los 'Jordis'-. El independentismo, siempre hábil y veloz en la difusión de sus mensajes propagandísticos, ya había decidido cómo transformar el golpe judicial en un nuevo hito en su estrategia de demostrar una supuesta actitud represiva y autoritaria del Estado. El lunes por la noche, el president abrió la veda y durante el martes las terminales políticas y mediáticas separatistas lo repitieron incansables: "los Jordis son presos políticos".
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El Gobierno tiene asumido que el jueves no habrá recibido respuesta alguna del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y deberá pedir permiso al Senado para aplicar el artículo 155 de la Constitución por primera vez en democracia, algo que podría suceder en el Pleno del martes 24 de octubre, una sesión en la que se da por hecho que tomará la palabra el jefe del Ejecutivo.
Por si fuera poca la tensión política, la Justicia puede asestar un nuevo golpe al soberanismo: el envío a prisión del mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, y los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. La decisión, a pesar de estar en manos de la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, sería interpretada por los independentistas como una nueva afrenta del Estado que hace imposible el diálogo.