Si Carles Puigdemont se ha planteado su huida a Bruselas como un ingenioso plan para escapar de la Justicia española, debe saber que ésta tendrá una vida muy corta. En concreto, menos de tres meses, que es lo que tardaría en hacerse efectiva la Orden Europea de Detención y Entrega -o euroorden-, mecanismo de extradición rápida del que se dotaron los Estados miembros de la UE en 2002.
La querella contra 'Govern' y Mesa del 'Parlament' reclama 6 millones de fianza
La denuncia incluirá a su 'Govern' y la Mesa del 'Parlament', y podría extenderse a los diputados que votaron a favor
Santamaría asevera que "no ha pasado nada relevante" para retirar la intervención
Cifuentes, Feijóo y Herrera firman una Alianza estratégica entre las tres CCAA
La oferta plantea que el debate sea el jueves en comisión o el viernes en el Pleno
Generalitat y 'Parlament' analizan las vías legales para impugnar la intervención
Más allá de la respuesta política que prepara el bloque independentista a la intervención de la Generalitat y el Parlament, los letrados de ambas instituciones también estudian cómo abordar la batalla judicial para impedir o frenar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Puigdemont estudia comparecer en el Senado antes de que se aplique el 155.Como con toda decisión adoptada por un poder público, el ordenamiento prevé mecanismos de control por parte de los tribunales. El hecho de que nunca se haya aplicado el 155 plantea algunas dudas en torno a los procedimientos o al tipo de recursos, pero ello en ningún caso puede derivar en la indefensión de las instituciones catalanas o en la ausencia de sometimiento de las medidas al examen judicial.
La tramitación del artículo 155 de la Constitución va a dotar al Senado de un protagonismo del que nunca ha disfrutado en democracia. Máxima presión para una Cámara cuya actividad pasa inadvertida para la mayoría de los ciudadanos y que, sin embargo, a lo largo de esta semana se verá sometida a un examen de máxima exigencia. El trámite parlamentario debe ser un elemento clave en la legitimación de la intervención de Cataluña. El Gobierno pedirá al Senado el cese de Puigdemont.