El Supremo inicia los trámites para absorber todas las causas contra el 'procés'
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La declaración de Carme Forcadell ante el Supremo, en la que proclamó que la DUI fue exclusivamente simbólica y se comprometió a acatar la legalidad, fue presentada ayer por el Gobierno como la prueba del éxito de la activación del artículo 155 de la Constitución. La posición ante el juez de la presidenta del Parlament le valió que el Tribunal Supremo rebajara la severidad de las medidas que solicitaba la Fiscalía, concediéndole la posibilidad de eludir la prisión con el pago de una fianza de 150.000 euros.
Los líderes del independentismo se enfrentan hoy a un nuevo asalto judicial con la declaración en el Tribunal Supremo de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y del resto de miembros de la Mesa que apoyaron los planes secesionistas, Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, a los que se le dio una semana más para preparar su defensa. Sobre la mesa del instructor, Pablo Llarena, dos decisiones sustanciales: la adopción de medidas cautelares y reclamar para sí la causa que por los mismos hechos hay abierta en la Audiencia Nacional. Ambas cuestiones resultan de especial trascendencia para el devenir del desafío independentista. Si Llarena opta por enviar a prisión a los querellados, se elevaría aún más la temperatura del conflicto. Si no lo hace, el soberanismo abonará la idea de que la Audiencia Nacional se propasó enviando a prisión a Oriol Junqueras y los siete exconsellers la semana pasada. El riesgo de caer en una nueva disparidad de criterios -el Supremo dio una semana más a los querellados para preparar su defensa u la Audiencia no- desaparecería aunando toda la causa bajo la dirección de Llarena. Una opción que cobra fuerza en los últimos días. El Tribunal puede adoptar esta decisión si considera que los actos investigados guardan una relación tan estrecha que enjuiciarlos por separado perjudicaría a la causa. Este escenario es el preferido por los independentistas, que ven en el Supremo un tribunal más calmado y garantista, lejos del gatillo fácil de la Audiencia en la aplicación de medidas cautelares tan gravosas como la prisión preventiva. "La acumulación de causas sería una buena noticia", aseveró ayer Carles Campuzano, diputado del PDeCAT, que subrayó que "de entrada" el Alto Tribunal está siendo "más prudente" en la investigación del caso.
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Que Carles Puigdemont u Oriol Junqueras se encontraran en prisión preventiva no sería obstáculo para que fueran elegidos presidentes de la Generalitat. Ni la legislación ni el reglamento del Parlament contienen ninguna limitación para que quien se encuentre encarcelado como medida cautelar -es decir, no como resultado de una condena establecida en sentencia- pueda, en primer término, ser votado como diputado y, posteriormente, ser elegido en la sesión de investidura. Esta opción, no obstante, presenta un sinfín de dificultades que, superado el simbolismo, la convertirían en un absurdo.
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Los impulsores del desafío independentista se enfrentan este jueves al abismo de acabar la jornada en prisión. Medida cautelar que puede ser decretada por alguno de los jueces instructores de las causas abiertas en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por delitos de rebelión, sedición y malversación, siempre que así lo solicitara la Fiscalía -una opción que el Ministerio Público no descarta, al menos para los principales implicados en los actos que han sustanciado el procés-.
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