La línea roja estaba fijada a las 10:00 de la mañana. Si antes de ese momento el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no respondía satisfactoriamente al requerimiento enviado por el Gobierno, la aplicación del artículo 155 seguiría su curso y se iniciaría la siguiente fase: la intervención de la autonomía catalana. Y la respuesta no ha sido satisfactoria: Puigdemont amenaza en su carta a Rajoy con votar la declaración unilateral de independencia en el Parlament si el Gobierno no comienza a dialogar.
Por ello, el Gobierno ha anunciado que activará la siguiente fase para la aplicación del 155. Y para ello habrá una reunión del Consejo de Ministros de carácter extraordinario este sábado. El próximo paso es el envío al Senado de un plan detallado en el que se exponga el contenido y el alcance de las medidas propuestas, para obtener de la Cámara su aprobación por mayoría absoluta.
El Ejecutivo, PSOE y Ciudadanos guardan con gran secretismo el conjunto de acciones acordadas para hacer frente al desafío separatista y no confirman ni desmienten la exactitud de las filtraciones que se realizado de las mismas. Sí insisten, no obstante, en que su aplicación será gradual.
El abanico de actuaciones contempla varios ámbitos. Hay dos que se presentan como urgentes y que, con toda probabilidad, se encontrarán dentro del primer paquete de medidas: tomar el control de los Mossos d'Esquadra y ampliar la intervención de las cuentas de la Generalitat para estar totalmente en manos de Hacienda.
A partir de ahí, existen otras decisiones más intrusivas, como la destitución del Govern o la sustitución de algunos de sus miembros -incluido el propio Puigdemont-. También se ha planteado que desde el Gobierno central se apriete el botón rojo de la convocatoria de elecciones autonómicas.
Finalmente, hay dos medidas que solo son imaginables en un escenario de alta intensidad por el grado de confrontación y contestación que desatarían en el entorno independentista: intervenir la educación en la comunidad y los medios públicos catalanes.
Control total de las cuentas
Esta medida, que implicará dejar prácticamente sin competencias económicas a la Generalitat, aparece hasta en la más suave de las intervenciones contempladas. Desde el pasado 15 de septiembre, el departamento de Economía catalán, dirigido por Oriol Junqueras, ya no tiene el control efectivo de sus finanzas al haber establecido Hacienda una autorización semanal para sus pagos. Se estima que la Administración regional aún maneja 250 millones de euros mensuales provenientes de los ingresos propios, un montante que también pasaría a ser administrado por el Estado.
Los 'Mossos', bajo la dirección del Estado
La actuación de la policía autonómica catalana durante el asedio a la comitiva judicial que registró algunas 'Consellerias' los días 20 y 21 de septiembre y durante el referéndum ilegal del 1-O dejó muy tocada su imagen, al presentarse como una "policía política", antes obediente a las órdenes de los mandos de Interior, que a la ley y las decisiones judiciales. La importancia del control de los Mossos es aún mayor ante previsibles nuevos escenarios de tensión en la calle, dada la alta capacidad de movilización que mantiene el independentismo y su amenaza de elevar la confrontación tras el 155.
Destituir a Puigdemont... o nombrarle un 'jefe'
Se ha especulado con la destitución del 'Govern', siendo sus funciones asumidas por una autoridad gubernativa. Para dirigirla, se ha barajado un amplio rosario de perfiles o nombres: desde una figura moderada cercana al nacionalismo -o integrante del mismo, como el 'conseller' Santi Vila- hasta el socialista Josep Borrell. Otra posibilidad, nombrar un 'ministro para Cataluña' que asumiera la dirección de la Generalitat. Finalmente, también se ha planteado encargar a una autoridad estatal la tutela de la Administración catalana, una opción que no necesariamente implicaría deponer a sus miembros.
Convocatoria de elecciones autonómicas
En una situación de normalidad institucional, disolver el 'Parlament' y convocar elecciones es una competencia exclusiva del presidente de la Generalitat. La opción de llamar a las urnas es vista con buenos ojos por Gobierno y PSOE, especialmente si la iniciativa partiera del propio Puigdemont. Existen dudas legales sobre si esta competencia puede ser sustraída al 'president' o si se trata de una capacidad indelegable -ni siquiera a través de la intervención de la autonomía-. Desde algunos sectores del independentismo ya se ha advertido que boicotearán unos comicios convocados a través del 155.
Neutralizar el mensaje separatista en TV3 y Catalunya Ràdio
Los medios públicos catalanes están desempeñando un papel clave como altavoces de la propaganda separatista, y no sólo por su falta de neutralidad política, sino también por haber alentado y aplaudido el desafío a la ley y a las resoluciones judiciales. En un escenario inicial, en el que aún se confía en una desescalada de la tensión, no parece que ni Gobierno ni PSOE contemplen intervenir en la radiotelevisión pública catalana, una institución que el independentismo considera esencial en la sociedad catalana. Actuar contra ella sería considerado un ataque de grandes dimensiones.
Examen al sistema educativo catalán
Cualquier decisión que implique tratar de modificar el sistema educativo catalán abriría un conflicto de máximas proporciones. Ciudadanos y el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, han señalado la necesidad de poner fin al supuesto adoctrinamiento que se lleva a cabo en algunas escuelas de Cataluña. La construcción que ha hecho el independentismo de una idea de la escola catalana como motor de la cohesión social y de difusión del catalán la convierte en un ámbito extremadamente sensible.
