Por si fuera poca la tensión política, la Justicia puede asestar un nuevo golpe al soberanismo: el envío a prisión del mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, y los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. La decisión, a pesar de estar en manos de la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, sería interpretada por los independentistas como una nueva afrenta del Estado que hace imposible el diálogo.
Trapero, Sánchez y Cuixart, junto con la intendente de la policía autonómica, Teresa Laplana, vuelven a declarar hoy ante la Audiencia Nacional por un delito de sedición, por su papel durante los incidentes ocurridos durante los registros de las Consellerias del 20 de septiembre y el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Es la segunda vez que comparecen ante Lamela. En la anterior citación, la el 6 de octubre, la juez optó por no adoptar medidas cautelares después de que se aportara nueva documentación a la causa relativa a los hechos investigados.
En aquella ocasión, la Fiscalía y abarajó la opción de solicitar prisión provisional para los investigados dada la gravedad de la conducta que se les imputa y el riesgo de reiteración delictiva.
El delito de sedición, que castiga el alzamiento público y tumulturario para impedir la aplicación de la ley o la actuación legítima de las autoridades, está penado con hasta 10 años de cárcel para quienes lo induzca, sostengan o dirijan. Una sanción que se eleva hasta los 15 años para las autoridades públicas.
En su primera citación, Trapero defendió que la actuación del cuerpo policial autonómico fue la "correcta y necesaria", habida cuenta de que no se les había avisado con suficiente antelación de los registros de las sedes de la Generalitat. Los líderes de las entidades soberanistas, por su parte, se negaron a declarar.
Pasividad
A pesar de que los tres investigados han negado haber cometido un delito de sedición, la magistrada Lamela sostiene que existen indicios de criminalidad en su papel durante los enfrentamientos del día 20 de septiembre, en el que decenas de miles de personas trataron de bloquear la actuación policial.
De hecho, en un de los autos presentes en la causa, se afirma que los incidentes, lejos de ser un "hecho aislado [...] se enmarcan dentro de una estrategia compleja" articulada dentro de la hoja de ruta para conseguir la independencia.
En relación con la actuación de los Mossos, los informes de la Guardia Civil señalan que no se produjo con la celeridad que exigía la situación y se atendió con evasivas a las numerosas llamadas que se realizaron para proteger a la comitiva judicial que practicaba los registros.