"Tenemos presos políticos otra vez", publicaba en inglés el presidente catalán, Carles Puigdemont, minutos después de conocerse la decisión de la Audiencia Nacional de decretar la prisión provisional de los líderes de la ANC y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart -los 'Jordis'-. El independentismo, siempre hábil y veloz en la difusión de sus mensajes propagandísticos, ya había decidido cómo transformar el golpe judicial en un nuevo hito en su estrategia de demostrar una supuesta actitud represiva y autoritaria del Estado. El lunes por la noche, el president abrió la veda y durante el martes las terminales políticas y mediáticas separatistas lo repitieron incansables: "los Jordis son presos políticos".
Por cierto, un mantra que de nuevo ha adoptado Podemos. "Que existan presos políticos no contribuye a dar soluciones", decía ayer mismo Pablo Iglesias. Unas palabras que fueron respondidas por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para quien "es intolerable" que se plantee que el funcionamiento de la Justicia sea el que cree disturbios. "La prisión decretada tiene que ver con la comisión de un delito", zanjó.
¿Puede realmente considerarse a Sánchez y a Cuixart presos políticos o estamos ante un ejercicio de intoxicación política? Son presos políticos aquellos que se encuentran encarcelados o detenidos, no por un delito, sino por sus convicciones o su actividad política. Ésta es la imagen que pretende crear el separatismo: los Jordis están en la cárcel por ser los líderes de dos asociaciones que promueven la independencia.
El auto dictado ayer por la magistrada instructora de la causa, Carmen Lamela, sin embargo, desmiente esta idea y describe unos hechos que, efectivamente, coquetean con la sedición. La resolución recoge con detalle la actuación de Sánchez, Cuixart y las asociaciones que dirigen durante las últimas semanas, unas actividades que "se enmarcan dentro de una compleja estrategia de la que desde hace tiempo vienen colaborando los investigados, en ejecución de la hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia de Cataluña".
Altercados en los registros
La investigación se centra en el origen y el desarrollo de los altercados de los días 20 y 21 de septiembre y, posteriormente, durante la votación ilegal del 1-O. En las convocatorias de la ANC y Òmnium ante las sedes de las Consellerias registradas, según apunta Lamela, "se hacía un llamamiento, no a una concentración o manifestación pacíficas, sino para la protección de sus Gobernantes e Instituciones" o "para parar a la Guardia Civil" mediante movilizaciones ciudadanas masivas.
Entre otros hechos, el auto recoge que se produjeron agresiones a militantes socialistas, el destrozo de diversos coches de la Benemérita y el acoso a una comitiva judicial, a la que se le impidió abandonar durante horas alguno de los edificios registrados. Además, se montó un cordón ante la Conselleria de Economía, que bloqueó la salida de los agentes al grito de "no saldréis".
'Los Jordis', interlocutores
La magistrada también relata cómo Sánchez y Cuixart se erigieron en interlocutores de la concentración, "afirmando que podían mover" a sus miembros "para sus fines". De hecho, emplearon este control como baza negociadora con los agentes, pero "nunca" para "desconvocar o diluir una concentración que habían convocado y estaba coaccionando e impidiendo a los agentes investigadores cumplir las órdenes del juez".
"Que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa", gritó Sánchez desde lo alto de uno de los coches de la Guardia Civil destrozados -imagen que ha circulado por las redes sociales-. La ANC, en su cuenta de Twitter, aseguraba esa misma noche que la intención de la concentración era dificultar la salida de la comitiva judicial.
"Todos conectados"
Las instrucciones desde la ANC y Òmnium se intensificaron durante las jornadas previas al 1-O. El auto describe cómo ambas enviaron mensajes a sus miembros, en los que se alertaban que tenían que estar "todos conectados" para poder reaccionar "inmediata y masivamente contar cualquier ataque". A través de esos canales se enviaron indicaciones para mantener abiertos los colegios electorales y "animando a la resistencia contra las acciones de los cuerpos policiales".
La magistrada concluye que todas estas acciones tienen una finalidad inmediata, la de impedir a través de movilizaciones masivas la actuación de las Fuerzas de Seguridad, al servicio de un fin mayor, la consecución de la independencia por vías ilegales. Y decreta la prisión provisional, justificándola por el riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas.
Es decir, Lamela sustenta la investigación a los Jordis en base a unos hechos aportados en informes policiales y la prisión se ampara en los supuestos legales. Como en toda resolución judicial, pueden discutirse los razonamientos, la interpretación o la proporcionalidad, pero calificar a Sánchez y Cuixart de presos políticos solo puede responder a la ignorancia o a la mala fe.
