Si bien no está prohibido que sean incluidas en un proceso de despido colectivo, lo cierto es que de acuerdo con el Derecho europeo las trabajadoras embarazadas tienen prioridad en el mantenimiento de su empleo en los ERE. Así, la empresa sólo podrá incluir a la empleada en el despido colectivo si demuestra que los motivos del cese no son inherentes a su persona y, además, que no existe la posibilidad de recolocarla en otro puesto de trabajo adecuado.
La futura Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) regulará el procedimiento para que los herederos pueden acceder a los sistemas de almacenamiento de información a través de internet o en la nube. La nueva norma da respuesta así a los problemas que planteaba que el albacea o los llamados no pudieran o encontraran dificultades para acceder a determinados bienes o títulos por encontrarse éstos o sus títulos almacenados en la red.
El hecho de que una empleada se encuentre ausente por un permiso de maternidad durante todo o la mayor parte de su periodo de prácticas o de prueba no habilita a la empresa o a la Administración empleadora a dar por no superada dicha fase. Al contrario, según determina el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la empleada tiene derecho a reincorporarse al puesto al que optaba y a disfrutar del periodo de prueba para que sea evaluada su aptitud para ocuparlo.
La prueba de español y la de conocimientos son necesarias para obtener la nacionalidad
El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha ratificado la negativa de la Comisión Europea de estudiar la propuesta de un ciudadano griego -que recogió más de un millón de firmas- para que la legislación comunitaria recogiera la posibilidad de cancelar la deuda pública a los países en "estado de necesidad".
El Ministerio de Justicia ha abierto el trámite de audiencia e información pública del Proyecto de Orden Ministerial que regula la tramitación de la dispensa de las pruebas para obtener los diplomas de español (DELE) y de conocimientos constitucionales y socioculturales (CCSE), dos exámenes necesarios para la obtención de la nacionalidad española por residencia.
La decisión de admitir a un licitador a un procedimiento de adjudicación debe poderse recurrir de forma independiente, sin que la legislación nacional pueda imponer que deba esperarse a finalizar todo el proceso. Así lo determina el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en una sentencia que resuelve la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía.
La Fiscalía General del Estado reclama introducción en el Código Penal del delito de incremento patrimonial injustificado, para perseguir a los funcionarios y cargos públicos en los que se constate un mejora de su situación económica que no puede explicarse de acuerdo con sus ingresos legales. "Crear la figura delictiva que castiga el enriquecimiento ilícito [...] representaría un avance en aquellos casos en los que desde esa función pública hayan participado en actos de corrupción y hubieran resultado absueltos", explica la Memoria del año 2017 del organismo.
Nadie se atreve hoy a calificar con sorna de butifarrada el referéndum del 1 de octubre (1-O), como sí ocurrió con la consulta que Artur Mas impulsó el 9 de noviembre de 2014 (9-N).