Nadie se atreve hoy a calificar con sorna de butifarrada el referéndum del 1 de octubre (1-O), como sí ocurrió con la consulta que Artur Mas impulsó el 9 de noviembre de 2014 (9-N).
Casi tres años después, el suflé no baja. Es cierto que tampoco sube -la intensísima campaña de propaganda independentista no ha conseguido que su masa social supere la barrera de los dos millones de personas-, pero la agresividad y determinación de sus dirigentes ha encendido finalmente todas las alarmas de un Estado que, hasta ahora, confiaba en aquello de "no se atreverán a llegar tan lejos".
El proceso participativo del 9-N fue tolerado por Mariano Rajoy a cambio de que Mas mantuviera un perfil bajo que permitiera a ambos salvar la cita sin que ninguno saliera especialmente damnificado.
El president podría proclamar cumplida su promesa de celebrar una consulta y el Ejecutivo se escudaría la idea de que lo ocurrido había sido una movilización sin trascendencia. Mas, sin embargo, optó por la provocación y desde un colegio electoral manifestó que "si la Fiscalía quiere conocer al responsable, soy yo".
El Gobierno convergente, consciente de que el adelanto electoral sería inevitable y acosado por la creciente ERC, hizo todo lo posible por rentabilizar el 9-N. Una actitud que despertó al Ejecutivo del PP, que, finalmente, activó a la Fiscalía.
El final del proceso judicial del 9-N es el conocido: Mas y tres de sus consejeros han sido inhabilitados por desobediencia y el Tribunal de Cuentas persigue que ellos y el resto de consellers abonen con su propio patrimonio los gastos de la consulta.
Jurídica y políticamente, el 1-O plantea hondas diferencias con el 9-N. La más obvia, el planteamiento: la Generalitat no ha convocado una mera macroencuesta, sino que pretende convertir la jornada en un auténtico referéndum de autodeterminación. Esto ha condicionado la respuesta del Estado, mucho más enérgica y destinada, no ya tanto a castigar su celebración, sino a evitar que el independentismo se apunte una nueva performance que socave aún más la legitimidad y credibilidad de las leyes y las instituciones españolas, y siga alimentando las expectativas del separatismo.
1. Proceso participativo vs. referéndum de autodeterminación
La Generalitat convocó a participar en el 9-N para que los ciudadanos manifestaran "su opinión sobre el futuro político de Cataluña". La Ley y el Decreto de convocatoria aprobados -aunque suspendidos- esta semana, sin embargo, llaman a los catalanes a participar en "la celebración del referéndum de autodeterminación vinculante sobre la independencia de Cataluña". La denominación de cada cita es indicativo del grado del desafío que plantea una y otra.
2. Del esquivar la ley con "astucia" de Artur Mas...
Tras suspender el Constitucional la Ley de Consultas que debía amparar el 9-N y su Decreto de convocatoria, Artur Mas pretendió simular que la jornada había sido llevada en volandas por los voluntarios, sin que su Gobierno firmara ninguna orden o asignación de recursos. Él mismo había declarado que tenían que "engañar al Estado" o que debían ser "astutos" en dicho proceso. El juicio sobre el 9-N, finalmente, desenmascaró las trampas de la Generalitat y demostró que estaba tras la consulta.
3. ...A la ruptura con la legalidad de Pugidemont
El artículo 3 de la Ley del Referéndum asevera que ésta "prevalece jerárquicamente sobre todas las normas que puedan entrar en conflicto con la misma". Es decir, se proclama por encima de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, obviando el principio fundamental del Derecho de jerarquía normativa, según el cual una norma de rango inferior no puede modificar o anular una superior; asimismo, en caso de contradicción entre normas, prevalecerá la superior. Los separatistas justifican este disparate jurídico planteando el falso dilema de que, al enfrentarse ley y democracia, prevalece la segunda -como si la legislación existente no fuera democrática-.
"Nosotros tenemos que obedecer la ley del Parlament de Cataluña", suele responder Puigdemont cuando le preguntan por si acatará la ley y las decisiones de los tribunales. Aunque evita pronunciar la palabra desobediencia, da así a entender que, cuando choquen la legalidad del Estado con las leyes de ruptura, su Gobierno optará por seguir los dictados de las segundas.
En esta ocasión, a diferencia del 9-N, la Generalitat no se esconde y busca una confrontación directa con el Estado, quizás porque, conscientes de la imposibilidad de llevar su proyecto adelante, aspiran a que el enfrentamiento les permita seguir alimentando el discurso victimista.
4. El Estado, esta vez sí, activa su maquinaria
La tolerancia y el perfil bajo con que el Estado afrontó el 9-N contrasta con la activación de la maquinaria legal para impedir el 1-O. Si bien es cierto que el Gobierno de Rajoy prefiere, de momento, no acudir a las medidas de excepción -como sería aplicar la suspensión de la autonomía del artículo 155 de la Constitución-, lo cierto es que ha puesto en marcha una ofensiva jurídica a gran escala contra el Govern, el Parlament y los Ayuntamientos.
La actuación del Ejecutivo se ve reforzada por la implicación de la Fiscalía que, además de querellarse contra todos los miembros del Ejecutivo de Puigdemont y la Mesa de la Cámara catalana, ha advertido a los alcaldes y ha iniciado una investigación para encontrar cualquier rastro de la preparación del referéndum. La decisión de Rajoy de optar por una estrategia de conciliación en el 9-N, dinamitada por la actitud desafiante de Mas, mostró a un Estado débil y con serias dudas para reafirmar la legitimidad de su propia legalidad e instituciones.
5. Rajoy ha aprendido de los errores del 9-N
La gran lección que extrajo el Gobierno del 9-N es lo nociva que fue la imagen de un Estado inexistente en una Cataluña en manos del independentismo. Los separatistas no sólo sumaban una nueva demostración de fuerza -votaron 2.300.000 ciudadanos-, sino que además se presentaban como vencedores de un desafío, celebrando con total impunidad una consulta prohibida expresamente por el Constitucional.
No es ningún secreto que los separatistas anhelan la fotografía de un Guardia Civil retirando una urna, como símbolo de su lema de que el España prohíbe la democracia. Una imagen que el Ejecutivo quiere evitar a toda costa, por eso su primera batería de medidas está dirigida a impedir cualquier acto preparatorio de la consulta.
6. Mas, inhabilitado. Puigdemont, ¿a la cárcel?
Cuando parecía que las consecuencias legales del 9-N se verían satisfechas con la inhabilitación de Mas, Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, el Tribunal de Cuentas abrió un nuevo frente actuando contra el patrimonio de los miembros del Gobierno catalán. Las querellas de la Fiscalía por las leyes del 1-O incluyen el delito de malversación, que se castiga con pena de prisión. No se trata, por lo tanto, de que los impulsores del referéndum se enfrenten únicamente a una asumible inhabilitación; se juegan la posibilidad de ir a la cárcel y de tener que pagar los gastos de la consulta con su propio patrimonio.
7. Un ambiente de crispación sin precedentes
La radicalización del independentismo ha provocado una fractura sin precedentes en la política catalana. Una crispación que pudo palparse en la calle durante la manifestación de repulsa por los atentados del 17 de agosto.
El ambiente en el que se ha desarrollado el debate de las leyes de ruptura y la cercanía con la Diada no permiten augurar que el separatismo tenga intención de enfriar los ánimos. Asimismo, resulta preocupante que el conseller de Interior, Joaquim Form, manifieste que pondrá a los Mossos al servicio del referéndum ilegal.
