Los sectores de la distribución y de los seguros acaparan, en esta recta final de la legislatura, el mayor riesgo regulatorio, según el Índice Político de Riesgo (IPR), que elabora el Servicio de Inteligencia y Análisis Político de Llorente & Cuenca. El informe mide las expectativas de cambios en la legislación de los distintos ámbitos de la economía en función de las iniciativas parlamentarias presentadas en el Congreso por los grupos políticos, y la reputación que, sobre el sector, trasladan dichas iniciativas.

La existencia de buena fe en la posesión, cuando ésta es ilícita, termina con la interposición de una demanda que reclame el fin de dicha situación y no únicamente a partir de una sentencia firme.

La reclamación contra el promotor de una construcción por vicios o defectos no interrumpe la prescripción respecto del arquitecto o del resto de agentes intervinientes en la edificación. Así lo determina el Tribunal Supremo en una sentencia del 17 de septiembre de 2015.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aplaude el proyecto de Real Decreto por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que adscribe el organismo al Ministerio de Justicia. En el Pleno extraordinario que el órgano celebrará el 13 de octubre, se estudiará la propuesta de informe elaborada por los vocales Juan Manuel Fernández y Fernando Grande-Marlaska, que señala que la necesidad de la norma es "incuestionable" y solicita la delimitación de competencias en la promoción de la actuación de la Oficina con respecto a la Fiscalía.

A partir del 1 de marzo de 2016, la Administración estará obligada a permitir el pago de algunas tasas a través de tarjeta de crédito o débito en sus propias oficinas. En concreto, las correspondientes a la expedición de los certificados de penales, los actos de última voluntad y los contratos de seguros de cobertura de fallecimiento; también, la tramitación de autorizaciones de residencia y otra documentación a ciudadanos extranjeros, y la vacunación de viajeros internacionales.