En la misma línea que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiRef) de nuestro país, que tiene por objeto velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas, ayer entró en vigor la normativa que regula el nuevo Consejo Fiscal Europeo Independiente.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado contrario al Derecho comunitario otro artículo de la Ley Hipotecaria española. Se trata de la disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, según se determina en una sentencia hecha pública ayer, de la que ha sido ponente el magistrado Levits.
El Parlamento Europeo aprobó ayer la Directiva relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados. Una norma que eleva la protección de los consumidores en la contratación online de los paquetes de viaje, no sólo cuando es el operador el que lo oferta de forma combinada, sino también cuando es el propio viajero quien lo diseña. Los Estados miembros tienen dos años para adaptar su legislación a lo dispuesto en la Directiva.
Los daños o perjuicios en la carga producidos por el incumplimiento del transportista de sus deberes de custodia se equiparan a aquéllos ocasionados con dolo. Así lo determina el Tribunal Supremo (TS), en una sentencia del 10 de julio, en la que rechaza el recurso de casación interpuesto por un transportista contra sentencia que le condebana a indemnizar a la empresa propietaria del porte.
El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha un servicio de avisos por SMS a las víctimas de violencia de género, para que, si lo desean, reciban en su teléfono móvil la información relativa a las medidas o cambios que adopte el juzgado que tamita su causa. El servicio, de momento en fase de pruebas, será voluntario y gratuito, sólo estará operativo en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Albacete, según ha informado Justicia.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado contrarias al Derecho comunitario dos licitaciones de la Consejería vasca de Salud por exigir que la prestación médica objeto del contrato debía efectuarse en centros sanitarios privados ubicados exclusivamente en el término municipal del Bilbao. En concreto, en una sentencia publicada el 22 de octubre, dictamina que este requisito se opone a la Directiva 2004/18 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios.
La implantación del papel cero en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, gracias a la introducción del expediente judicial electrónico, ha permitido un ahorro de 5,5 millones de euros en los 18.400 asuntos incoados en lo que va de año. La rebaja en el consumo de papel es de un 70 por ciento y los plazos, en algunos procedimientos, han llegado a reducirse hasta la mitad.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determina que exigir que la prestación médica objeto de una licitación pública deba efectuarse en centros sanitarios privados situados exclusivamente en un término municipal es contrario al Derecho comunitario. En concreto, se opone a la Directiva 2004/18 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios.
Las páginas web de la prensa que difundan vídeos se someterán a la legislación de los servicios de comunicación audiovisual, aunque dicho portal no se dedique principalmente a los servicios audiovisuales. Únicamente quedarán excluidas aquellas webs en las que los vídeos tengan un papel incidental y actúen como apoyo del objeto principal de la página.
El derecho al olvido digital ampara la adopción de las medidas técnicas necesarias para evitar que los datos personales puedan ser indexados por los buscadores de Internet, pero no el imponer esas mismas restricciones a los motores de búsqueda interna de las hemerotecas digitales. Tampoco que pueda exigirse la eliminación de los datos personales presentes del código fuente del artículo o noticia, tal y como establece el Tribunal Supremo (TS) en una sentencia del 15 de septiembre de 2015.