El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró ayer que las reformas puestas en marcha por el Gobierno durante esta legislatura supondrán una mejora "en el servicio público que es la Justicia" y reforzarán la "seguridad jurídica" en nuestro país, un factor que "genera confianza y nos hace competitivos". Unas palabras que el ministro pronunció en la inauguración de la 11ª edición del Congreso Jurídico de la Abogacía Icamálaga, que se celebra en Marbella (Málaga), y que concluye hoy a mediodía.
Catalá hizo especial hincapié en las reformas aprobadas para reforzar la lucha contra la corrupción. Entre ellas, la Ley de Transparencia, la reforma del Código Penal o las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Unas medidas que, según dijo, "van a garantizar que ninguna persona condenada por corrupción, o cualquier otro delito, va a poder mantener aislado el patrimonio generado ilegalmente". Y, en este sentido, subrayó la próxima entrada en vigor de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
En el acto de apertura del Congreso jurídico, el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier de Lara, agradeció al ministro su predisposición al diálogo, pero aseguró que seguirán hablando "para quitar la Ley de Tasas Judiciales para las Pymes, para que las leyes sean consensuadas y tengamos una Justicia acorde con la situación actual".
Francisco Javier de Lara también tuvo palabras de agradecimiento a los asistentes. "Fijaos la responsabilidad de la abogacía, pues cerramos los despachos para formarnos; el trabajo acumulado, ya lo resolveremos", afirmó.
Récord de participación
El Congreso de la Abogacía Icamálaga, uno de los más relevantes encuentros jurídicos de los que se celebran en nuestro país, ha batido en esta edición su récord de asistencia con 1.347 participantes. El evento consta de 28 secciones formativas, que incluyen 68 ponencias, cinco mesas redondas y una mesa de trabajo, relacionadas con las cuestiones de mayor actualidad en el ámbito del Derecho.
En la jornada de ayer intervinieron, entre otros, Javier Arroyo Fiestas, magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, con una ponencia dedicada al Derecho de familia; y el magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo y exfiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que se mostró crítico con las reformas introducidas en el Código Penal. "Son insuficientes e incongruentes", apuntó.
La magistrada de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Málaga, Nuria Orellana Cano, dedicó su ponencia a la conclusión del concurso por insuficiencia de bienes. En este sentido, Pedro Martín Molina, socio fundador de Legal y Económico y profesor titular, en su conferencia sobre el proceso concursal, reclamó la creación de un cuerpo de administradores concursales.
El abogado y magistrado en excedencia del Supremo, Rafael Gimeno-Bayón, por su parte, profundizó en las novedades sobre la impugnación de los acuerdos sociales que introduce la modificación de la Ley de Sociedades de Capital.
