Los empresarios valencianos han mostrado su preocupación y malestar por lo que consideran una discriminación y trato injusto e injustificado del Gobierno central respecto a la Comunitat Valenciana. La patronal empresarial de la provincia de Valencia, CEV, denunció, en un comunicado tras la reunión de su comité ejecutivo, que "tres inversiones estratégicas para el presente y futuro de la Comunitat Valenciana, como son Parc Sagunt, el Puerto de Valencia y la conexión ferroviaria hacia el Cantábrico por Zaragoza, están siendo sistemáticamente obviadas por el Gobierno". En esta misma línea se manifestó el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, que alertó de la conjunción de "factores externos" que están afectando negativamente a la competitividad de la industria valenciana y criticó abiertamente la priorización del Puerto de Barcelona en el plan de inversiones del Estado, en detrimento del de Valencia.

El Ministerio de Hacienda ha remitido una carta a Presidencia de la Generalitat Valenciana en la que vuelve a reclamar el pago al Estado de la multa de 18,93 millones de euros impuesta por Bruselas al Estado español por manipulación de los datos del déficit -debido a facturas sanitarias ocultas-, que fue abonada por el Gobierno Central a la Comisión Europea el 28 de enero. La negativa del Consell a afrontar este pago se traduce en un incremento de los intereses de recargo "compensatorios" aplicados por Hacienda: a los 57.578 euros solicitados en marzo se suman ahora otros 104.244 euros. La repercusión de la multa fue recurrida por la Generalitat ante el Tribunal Supremo, que aún no se ha pronunciado al respecto, por lo que la Abogacía de la Generalitat ha solicitado al Alto Tribunal la suspensión cautelar de la generación de intereses hasta que dicte una resolución.

En su compromiso con la calidad, el diseño y la innovación, el Presidente de Quabit Inmobiliaria, Félix Abánades, ha firmado hoy un acuerdo con el fundador y Presidente de Porcelanosa Grupo, Héctor Colonques, para equipar los nuevos proyectos residenciales de la promotora. El acuerdo se firma con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017, aunque la alianza nace con vocación de continuidad.

El director gerente del Hospital Provincial de Castellón, Joaquín Sanchís, ha trasladado a la Fiscalía Anticorrupción un total de 4.713 facturas correspondientes a contratos firmados entre los ejercicios 2006 y 2015, presuntamente irregulares. El importe total de estas facturas ronda los 25 millones de euros, de los que unos 17,5 millones corresponden a contratos firmados con la empresa Piaf -implicada en la trama de financiación irregular del PP a través de la red Gürtel- y otros 6,5 millones a Telecso -cuyos responsables tienen vinculaciones familiares directas con la primera-, según ha explicado la consellera de Sanidad, Carmen Montón. Ambas empresas están bajo investigación también por contratos con los Ayuntamientos de Castellón y Villarreal.