El Ministerio de Hacienda ha remitido una carta a Presidencia de la Generalitat Valenciana en la que vuelve a reclamar el pago al Estado de la multa de 18,93 millones de euros impuesta por Bruselas al Estado español por manipulación de los datos del déficit -debido a facturas sanitarias ocultas-, que fue abonada por el Gobierno Central a la Comisión Europea el 28 de enero. La negativa del Consell a afrontar este pago se traduce en un incremento de los intereses de recargo "compensatorios" aplicados por Hacienda: a los 57.578 euros solicitados en marzo se suman ahora otros 104.244 euros. La repercusión de la multa fue recurrida por la Generalitat ante el Tribunal Supremo, que aún no se ha pronunciado al respecto, por lo que la Abogacía de la Generalitat ha solicitado al Alto Tribunal la suspensión cautelar de la generación de intereses hasta que dicte una resolución.
El Consejo de Ministros aprobó repercutir el pago de la multa a la Comunitat Valenciana el pasado 4 de marzo. El Gobierno desestimó las alegaciones presentadas por la Generalitat, al considerar que "la responsabilidad por los hechos que dieron lugar a la multa corresponde, en exclusiva, a la comunidad autónoma y, en consecuencia, se establece la repercusión a ésta del pago".
El Estado reclamó, además de los 18,93 millones, 57.567,94 euros, en concepto de intereses devengados desde el día que se pagó la multa hasta el acuerdo del Consejo de Ministros. Ahora se suma a esa cantidad los aplicables desde la comunicación oficial del acuerdo del consejo hasta el 10 de mayo, día que cumplía el plazo de dos meses de pago voluntario por parte de la Generalitat.
La Generalitat Valenciana defiende que la multa se dirige contra el Estado, así como que era competencia de la Administración central supervisar los datos del déficit. Asimismo, rechaza la afirmación de la Intervención General del Estado de que, entre 2008 y 2012, "no contaba con poderes suficientes para comprobar la cuantía y contabilización del gasto por parte de las comunidades". Esto, según el conseller de Hacienda, Vicent Soler, "resulta increíble", datos los reiterados avisos que dio la Sindicatura de Cuentas valenciana, cuyos informes se elevaban al Tribunal de Cuentas, tal y como constató la Comisión Europea en su investigación.
El PSPV subrayó, además, que el ministro Cristóbal Montoro presentó las alegaciones a la multa ante Bruselas "fuera de plazo, imposibilitando, por ello, recurrir a la sanción".
Primera multa por manipulación
Se trata de la primera multa por manipulación contable a un país comunitario. La Comisión Europea considera que hubo una "negligencia grave, al no registrar gastos sanitarios", que se atribuye "a una entidad que actuó por su cuenta" (en concreto, la Intervención General de la Generalitat Valenciana). Los hechos saltaron a la luz en 2012, cuando el Gobierno español informó al Eurostat de la revisión al alza del dato del déficit nacional en 0,4 puntos, tras salir a la luz los gastos sanitarios ocultos en la Comunidad Valenciana. La investigación se centró en las conocidas como "facturas en el cajón" por gastos de Sanidad, fechadas entre los años 1988 y 2011.
El importe se considera "anecdótico", ya que podría haber alcanzado el 0,2 por ciento del PIB -unos 2.000 millones de euros-. Entre los "factores atenuantes" aplicados por Bruselas se destacó la cooperación de las autoridades españolas y valencianas en la investigación y que las cuentas se han regularizado y "se ha puesto fin" a los gastos no computados.
La sanción contempla sólo los hechos desde 2011, cuando entró en vigor la norma bajo la que se abrió la investigación, y hasta 2012, cuando salieron a la luz los gastos ocultos y se procedió a su regularización.
