El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha ordenado prisión provisional, comunicada sin fianza para el empresario Jorge Ignacio Roca Samper, considerado uno de los presuntos 'cabecillas' del 'caso Emarsa', que llegó a Valencia el viernes tras ser detenido el pasado mes de junio en Moldavia, después de haber permanecido huido de la Justicia más de cinco años, desde el principio de la investigación. La instructora tiene en consideración la falta de arraigo en España del imputado así como su habilidad para moverse en el extranjero. Además, La magistrada, recuerda que "se ha perdido el rastro del dinero defraudado" y no descarta que el detenido pudiera intentar destruir pruebas o influir en testigos antes de la celebración del juicio.

El Ayuntamiento de Valencia ha incluido entre las condiciones que deben cumplir las empresas que quieran firmar contratos con el consistorio cláusulas sociales, en contra de la corrupción e infracciones en materia laboral o social y el cumplimiento del uso y normalización del valenciano. El concejal de Gobierno Interior, Sergi Campillo, subraya que "la Administración pública tiene la obligación de estimular a la empresa privada a ir por este camino si quieren optar a los contratos públicos".

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado al exvicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez, a ocho meses de cárcel por un delito de negociación prohibida a funcionario público en el caso por irregularidades vinculadas a la Depuradora de Borriol. El tribunal le impone, además, una multa de 12.600 euros y le inhabilita durante dos años para el empleo o cargo público. El resto de los acusados en esta causa han sido absueltos, ya que el tribunal considera que los presuntos delitos no han sido probados.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que ThyssenKrupp ha iniciado las gestiones para la reapertura de la planta de Galmed en Sagunto (Valencia) antes de que finalice el año, decisión que le trasladó el directivo de la multinacional en Europa, Thomas Schlenz, en una reunión mantenida el miércoles. El grupo alemán procedió al cierre de la galvanizadora en 2013, dentro de su plan de desinversiones para hacer frente a las pérdidas por la crisis económica. La planta contaba con 165 empleados y generaba unos 500 puestos de trabajo indirectos.

Les Corts Valencianes han puesto solución al conflicto entre las denominaciones de origen (DO) vitícolas de la comunidad, generado por la regulación, en 2011, por parte de la Conselleria de Agricultura, de la DO Valencia, de manera que se le asignaba la mayoría del territorio de las DO Utiel-Requena y la de Alicante. Los grupos parlamentarios votaron, de manera unánime, una proposición no de ley de tramitación de urgencia, presentada por el PSOE, para "devolver a las denominaciones de origen el reconocimiento de sus condiciones anteriores" -al año 2011-.