Comunidad Valenciana

El exvicepresidente de la Diputación de Castellón, condenado a 8 meses de cárcel por la Depuradora de Borriol

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado al exvicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez, a ocho meses de cárcel por un delito de negociación prohibida a funcionario público en el caso por irregularidades vinculadas a la Depuradora de Borriol. El tribunal le impone, además, una multa de 12.600 euros y le inhabilita durante dos años para el empleo o cargo público. El resto de los acusados en esta causa han sido absueltos, ya que el tribunal considera que los presuntos delitos no han sido probados.

El fiscal solicitaba para el que fue la mano derecha de Carlos Fabra cuatro años de prisión por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude ilegal y negociaciones prohibidas. Martínez fue destituido tras saberse que los terrenos sobre los que estaba proyectada la Estación de Aguas Depuradoras de Borriol pertenecían a una empresa de su hijo.

La Sala absuelve a sus dos hijos, al exalcalde de Borriol, Adelino Santamaría, y a otras dos personas (un empresario y un trabajador de éste), que también se sentaron en el banquillo de los acusados, por presuntas irregularidades en la expropiación de unos terrenos en dicha localidad en los que se iba a construir una depuradora. 

La sentencia, notificada a las partes, no es firme, ya que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

Los hechos investigados

Las diligencias de investigación penal se abrieron basándose en la denuncia y documentación presentadas por el portavoz de Compromís en la Diputación, Enric Nomdedéu. Según la documentación aportada y las declaraciones practicadas, Francisco Martínez y Adelino Santamaría formaban parte, dentro de la Diputación, del servicio relativo al ciclo integral del agua y eran, por tanto, conocedores del proyecto para la instalación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del Ayuntamiento de Borriol en las distintas fases, tanto del proyecto como de los terrenos sobre los que pretendía asentarse.

El 17 de octubre de 2007, según apuntó el fiscal instructor en el decreto en el que propuso la formalización de la querella, Adelino Santamaría elevó a los Servicios Técnicos de la Diputación una propuesta de ampliación de la superficie a ocupar por la futura depuradora, aduciendo como motivo su destino a zona de maniobra anexa a la estación depuradora. Esta propuesta, aunque "ni necesaria ni vinculante", se informó favorablemente por el jefe del área técnica de la Diputación, de tal forma que el proyecto pasó a afectar a dos parcelas más, además de las iniciales a propuesta del alcalde de Borriol.

Tres de las parcelas afectadas pertenecían a la familia de Raúl Babiloni, que actuaba como representante de la familia ante el Ayuntamiento de Borriol, mantenía "estrechos vínculos de amistad familiar y personal" con Francisco Martínez y su familia, vínculos que se extendían también al ámbito societario por la participación que la familia Martínez tenía en las empresas Gestintur S.L. y Prodever S.L., según el ministerio público.

Reducción de los terrenos

A partir de que el coste del proyecto de la depuradora fuera asumido por la Diputación, en mayo de 2013 el alcalde de Borriol presentó un escrito ante los servicios técnicos de la institución provincial en el que pedía la reducción de los terrenos que se verían afectados por la EDAR, excluyéndose varias de las parcelas que, en principio estaban afectadas, pero manteniéndose la ocupación sobre la totalidad o parte de las parcelas propiedad de la familia Babiloni, petición que fue informada favorablemente por el jefe del área técnica de la Diputación el 13 de mayo de 2013.

En esa fecha, una de estas parcelas ya no pertenecía a la familia Babiloni, puesto que, desde el 29 de mayo de 2008, había sido adquirida por la hija de Francisco Martínez que, posteriormente, la aportó como aumento de capital social a la empresa Franvaltur S.L.. Dicha sociedad se constituyó en 2009 por Francisco Martínez y dos de sus hijos con un capital social de 6.000 euros, que fue aumentando posteriormente hasta 595.950 euros, mediante aportaciones en metálico y fincas.

Según el fiscal, con el fin de evitar la intervención directa de ningún miembro de la familia Martínez en la adquisición de los terrenos que pretendía adquirir el Ayuntamiento de Borriol, cuyo alcalde tenía "perfecto conocimiento" de la pertenencia de una de las parcelas afectadas a la sociedad familiar de Francisco Martínez y sus hijos, en el convenio expropiatorio intervino sólo Raúl Babiloni. El justiprecio del terreno se estableció en 193.570,65 euros por las tres fincas.

Asimismo, el ministerio público señaló que para evitar incluso que apareciera ningún nombre de la familia Martínez, dado que el último administrador de Franvaltur era Francisco Martínez, éste otorgó el 24 de octubre de 2013 poderes notariales en favor de Luis García del Campillo, empleado de Raúl Babiloni y persona de su confianza que, a su vez, efectuó nuevo apoderamiento a favor de Raúl Babiloni.

Cuando en enero de 2013, la oposición política en el Ayuntamiento de Borriol hizo pública la posible relación de Francisco Martínez con los terrenos en que se iba a instalar la depuradora, el alcalde del municipio suspendió el pleno municipal donde se iba a tratar el tema y solicitó la reducción de la superficie a utilizar por las instalaciones, que se informó favorablemente por el jefe del área técnica de la Diputación.

El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, decidió apartar de sus competencias a Francisco Martínez, por "pérdida de confianza" al conocer que la titularidad de los terrenos sobre los que estaba proyectada la depuradora del municipio de Borriol era de una empresa perteneciente a su familia.

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