El Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que instruye el "Caso Imelsa", ha coordinado hoy una operación contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad en dichas administraciones o en empresas públicas vinculadas a las mismas y de su potestad en materia de contratación para percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas. La operación llevada a cabo en colaboración con la delegación en Valencia de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado y con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como Policía Judicial, se ha saldado con al menos 24 detenciones practicadas en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón, según fuentes judiciales. Entre los detenidos se encuentra Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia, exalcalde de Xàtiva y ex presidente del Partido Popular en la provincia de Valencia. Rus se vio obligado a dimitir de todos sus cargos públicos y en el partido tras salir a la luz la presunta trama de corrupción, en el mes de mayo. Fuentes de la investigación explican que se han llevado a cabo 33 registros.

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha acordado la destitución inmediata de todos los militantes detenidos en el curso de la investigación policial desarrollada durante la jornada de hoy y su cese en cualquier tipo de actividad relacionada con la formación política. Además, insta al Comité de Derechos y Garantías regional a abrir expediente a todos los militantes implicados en la presunta trama, así como la suspensión cautelar de militancia de todos ellos.

El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha acordado el levantamiento del secreto del sumario en la causa en la que investiga la gestión de la ex directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Consuelo Císcar, al frente del museo valenciano. La juez imputa a Císcar y a cuatro exdirectivos del museo presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad.

El informe de la Intervención General de la Generalitat Valenciana sobre la gestión y operativa de la empresa pública Ciegsa (Construcciones e Infraestructuras Educativas S.A.) revela irregularidades en la gestión y funcionamiento de la entidad, que se extienden hasta "el momento de la firma del convenio" con la Conselleria de Educación, en el año 2001, debido al enfoque mismo de esta relación -que se configura "como una actividad subvencional", cuando, "en realidad, regula relaciones propias de un contrato administrativo"- y a la ausencia de documentación obligatoria, entre ella, "el informe preceptivo de la Intervención Delegada, el informe preceptivo sobre crédito adecuado y la memoria económica", así como "el certificado en el Registro de Convenios del texto aprobado". La auditoría realizada a la entidad pública detecta, desde ese momento, constantes irregularidades, tanto desde el punto de la vista de la gestión, como de la contratación por parte de la entidad pública y la titularidad de los centros, además de "una falta de control manifiesta" por parte de la Generalitat. Todo ello derivó, según el conseller de Hacienda, Vicent Soler, en una "trama" y una "estafa institucional" para articular "el mayor expolio de recursos públicos educativos de la historia". Por ello, anunció que se pedirá un informe a la Abogacía para dar traslado de los hechos a la Fiscalía. "Queremos que se depuren responsabilidades y exigiremos que se devuelva todo el dinero", subrayó Soler. Ciegsa está, actualmente, en proceso de liquidación.