La exportación es el 80% de la facturación

Istobal, grupo valenciano líder en soluciones de lavado para la automoción, ha aumentado su facturación un 19% en 2015, hasta los 117 millones de euros, pasando su ebitda de 7,4 millones a 12 millones de euros. La compañía afirma que "se ha posicionado en el último año como la segunda compañía a nivel europeo en el sector de lavado para vehículos y el peso de la exportación representa en la actualidad más del 80% de su facturación". Exporta a 75 países y cuenta con siete filiales en Europa y otras dos en Estados Unidos y Brasil. En 2016, quiere abrir nuevos mercados de gran potencial, como Australia y China, e incrementar su facturación un 10%.

Facilitarían el acceso al 'Plan Juncker' europeo

La Generalitat Valenciana trabaja en el diseño y puesta en marcha de vehículos de inversión, con participación pública y privada, que permitan abordar proyectos considerados estratégicos para el desarrollo de la comunidad y que faciliten el acceso a los fondos del 'Plan Juncker', gestionados a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI). (Link al reportaje completo en la revista elEconomista Comunitat Valenciana)

Presunta trama de comisiones ilegales y financiación irregular del PP

Los 50 integrantes del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia -concejales, asesores y empleados- están prestando declaración, desde primera hora de la mañana, ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en calidad de investigados -término que sustituye al anterior de imputado- por su presunta implicación en la trama de financiación ilegal del PP valenciano. En concreto, la documentación incautada apunta a su posible implicación directa en el blanqueo de dinero de la trama, mediante un sistema de donaciones ficticias.

Espera resultados en el primer cuatrimestre

La Generalitat Valenciana trabaja en el diseño y puesta en marcha de vehículos de inversión, con participación pública y privada, que permitan abordar inversiones en sectores y proyectos considerados estratégicos para el desarrollo de la comunidad y que faciliten el acceso a los fondos del Plan Juncker, gestionados a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Más noticias en la revista gratuita elEconomista Valencia

Comisiones sistemáticas y blanqueo a través de empresas y particulares

Las declaraciones de los 24 detenidos el martes en el marco de la Operación Taula y el análisis de la documentación requisada están arrojando luz sobre la presunta trama de financiación ilegal del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, el enriquecimiento ilícito de algunos de sus altos cargos y los sistemas de blanqueo de dinero utilizados para justificar los fondos. Fuentes de la investigación explican que los ingresos procederían de comisiones irregulares en decenas de contratos públicos -en la mayoría de los casos, del 3 por ciento, en un sistema similar al destapado en Cataluña-, de las que una parte se habría destinado al partido y, el resto, se habría repartido entre los implicados en la trama.

Defiende que la infrafinanciación afecta a los servicios públicos fundamentales

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, acompañado por la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha formalizado ante el Tribunal Constitucional la presentación del recurso de inconstitucionalidad del Consell de la Generalitat contra la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, en el que se considera que esta norma impide a la Administración autonómica la prestación de servicios públicos fundamentales en las condiciones establecidas por la Constitución. Puig ha señalado que se busca "rescatar una parte de lo que lo les pertenece a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana", ya que "existen cinco millones de españoles que se sienten discriminados por una ley que sitúa los servicios públicos de forma desigual entre unas comunidades y otras".

Presunta trama de comisiones ilegales y financiación irregular del PP

Los diez detenidos en la denominada 'Operación Taula' que quedaban por declarar ante el juez han pasado a disposición judicial. Entre ellos se encuentra el expresidente de la Diputación de Valencia y del Partido Popular en esta provincia, Alfonso Rus. En este último grupo, además de Alfonso Rus, figuran el exsecretario autonómico de Educación Máximo Caturla, el exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada Juan José Medina y el exalcalde de Genovés y exjefe de gabinete de la Diputación Emilio Llopis.En este último grupo, además, figuran el exsecretario autonómico de Educación Máximo Caturla, el exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada Juan José Medina y el exalcalde de Genovés y exjefe de gabinete de la Diputación Emilio Llopis.

Presunta trama de comisiones ilegales y financiación irregular del PP

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha anunciado que el la formación "va a interponer demandas civiles sobre reclamación por los daños causados al PPCV por los casos de corrupción contra todas aquellas personas condenadas por este tipo de delitos que hayan usado su puesto en el partido o su vinculación con el partido para cometerlos". Esta decisión cuenta con el respaldo de las direcciones provinciales del partido. "El daño causado a la Comunitat sólo se puede reparar con las penas que determinen los tribunales para los procesados y las condenas a devolver el dinero sustraído", añadió. Los servicios jurídicos del partido ya están estudiando una demanda contra el exconseller Rafael Blasco, en prisión por el 'caso Cooperación'.

PSOE y C's le ven "incapaz" contra la corrupción

Mientras el titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que instruye el Caso Imelsa, tomaba declaración a 13 de los 24 detenidos en la operación desarrollada el martes contra la trama de corrupción infiltrada en varias Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana, el Partido Popular intentaba, en vano, desvincular estos acontecimientos del proceso de formación del futuro Gobierno Central.

tras iniciarse los contactos con ciudadanos

Más de 30 registros, 24 personas detenidas, 252 cuentas bancarias bloqueadas y 150 vehículos de alta gama embargados es el balance provisional de la macro-operación desarrollada ayer por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil contra la presunta trama de corrupción organizada en el seno de la Diputación de Valencia y varios ayuntamientos y empresas públicas de la Comunidad Valenciana investigada por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia.