La Generalitat Valenciana trabaja en el diseño y puesta en marcha de vehículos de inversión, con participación pública y privada, que permitan abordar inversiones en sectores y proyectos considerados estratégicos para el desarrollo de la comunidad y que faciliten el acceso a los fondos del Plan Juncker, gestionados a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Más noticias en la revista gratuita elEconomista Valencia
Uno de los ámbitos de actuación prioritarios, y donde la concreción de esta fórmula está más avanzada, es el de infraestructuras, gracias a la implicación de la Federación de Empresas Contratistas de la Comunidad Valenciana (Fecoval), que puso hace meses sobre la mesa la constitución de fondos de inversión abiertos al capital privado, que permitan contar con recursos suficientes sin que computen como deuda en las cuentas públicas -algo inasumible en estos momentos en el caso de la Administración valenciana- y, al mismo tiempo, eviten que el peso y el riesgo de la estructura de financiación recaiga sobre la empresa adjudicataria de las obras. Fecoval colabora con el Instituto Valenciano de Finanzas para poder lanzar los primeros instrumentos de inversión en el primer cuatrimestre del año.
La Comunidad Valenciana concentró el año pasado -con datos hasta noviembre- sólo el 3,23% del total de licitación de contratos de obra pública del Estado, muy por debajo del 9,4% de la aportación de la región al PIB nacional. El volumen anual de licitación del Gobierno central en la región se ha reducido un 93,6% con la crisis económica -ha pasado de 2.173,77 millones de euros en 2007 a 140 millones en 2014-, al tiempo que la realizada por las administraciones locales se reducía en un 68,64%, hasta 287,83 millones, y la de la Generalitat caía un 91,98%, hasta 151,25 millones, debido a los problemas económicos, de liquidez y deuda histórica derivados del actual sistema de financiación autonómica.
Infraestructuras básicas
Esta evolución choca con las necesidades de reforzar y desarrollar infraestructuras básicas que permitan, por un lado, dar cobertura de servicios de calidad a los ciudadanos y, por otro, avanzar en uno de los principales objetivos desde el punto de vista económico: la mejora de competitividad empresarial.
El alcance de la política de inversiones de la Generalitat a corto y medio plazo se vincula directamente con el volumen de fondos europeos que pueda captar, dada su situación. Por ello, el IVF ya está manteniendo contactos con el BEI.
El planteamiento es que los fondos de inversión se configuren con una estructura mixta y un enfoque especializado por ámbitos de actuación o por sectores -conexiones y comunicaciones, educación, sanidad o logística, entre otros-. Se está trabajando en su definición técnica, financiera y jurídica -con asesores internos e independientes-. La supervisión la hará el IVF.
Además de la financiación de obras de cierta envergadura, se contempla también la constitución de fondos que den cobertura a líneas de crédito para empresas.
El Plan Juncker tiene como objetivo revitalizar la inversión productiva en la Unión Europea, sobre la base de la colaboración público-privada. En concreto, y a partir de una inversión inicial pública de 21.000 millones, se espera movilizar al menos 315.000 millones, con aportación de inversores privados.
Rentabilidad propia
En el caso de la obra pública, los programas europeos dan una cobertura de entre el 30 y el 50% de la inversión necesaria para el proyecto. "El resto sería aportado por el fondo, con participación de la Administración, del grupo que logre la licitación y de inversores privados, tanto institucionales -bancos, aseguradoras, planes de pensiones, socimis o Sicavs-, como empresas y particulares. El retorno se basaría en la explotación de la propia infraestructura, por lo que es importante la viabilidad económica y los plazos de retornos y amortización", dice José Luis Santa Isabel, presidente de Fecoval.
Además, se contempla la posibilidad de que la Generalitat comprometa una especie de canon anual, que garantizaría una rentabilidad mínima en aquellos casos de obras ?que son socialmente necesarias, pero no son rentables?, añade.
Santa Isabel detalla que se espera que los primeros fondos estén en marcha dentro del primer cuatrimestre, para entrar en los plazos de tramitación de ayudas del BEI y fondos Feder. "El objetivo es contar con entre tres y cuatro fondos este año, con un capital de entre 200 y 1.000 millones cada uno", indica.
Las entidades financieras han acogido el proyecto con interés, ya que, en estos momentos, hay mucha liquidez en el mercado que busca opciones de inversión, al margen de la volatilidad de la bolsa y ante la baja remuneración de los productos de pasivo. Su aporte estará condicionado a los estudios de viabilidad técnica y económica de los proyectos a respaldar, las condiciones financieras -plazos, intereses y comisiones- y la seguridad jurídica.
"Se contemplan plazos de inversión de entre 15 y 20 años de media y rentabilidades que podrían estar en torno al 4 o el 4,5% anual". "Confiamos en que haya un Gobierno estable con el que podamos trabajar, porque ni las empresas, ni las comunidades autónomas, ni España podemos seguir paralizados", indica Santa Isabel.
