El informe de la Intervención General de la Generalitat Valenciana sobre la gestión y operativa de la empresa pública Ciegsa (Construcciones e Infraestructuras Educativas S.A.) revela irregularidades en la gestión y funcionamiento de la entidad, que se extienden hasta "el momento de la firma del convenio" con la Conselleria de Educación, en el año 2001, debido al enfoque mismo de esta relación -que se configura "como una actividad subvencional", cuando, "en realidad, regula relaciones propias de un contrato administrativo"- y a la ausencia de documentación obligatoria, entre ella, "el informe preceptivo de la Intervención Delegada, el informe preceptivo sobre crédito adecuado y la memoria económica", así como "el certificado en el Registro de Convenios del texto aprobado". La auditoría realizada a la entidad pública detecta, desde ese momento, constantes irregularidades, tanto desde el punto de la vista de la gestión, como de la contratación por parte de la entidad pública y la titularidad de los centros, además de "una falta de control manifiesta" por parte de la Generalitat. Todo ello derivó, según el conseller de Hacienda, Vicent Soler, en una "trama" y una "estafa institucional" para articular "el mayor expolio de recursos públicos educativos de la historia". Por ello, anunció que se pedirá un informe a la Abogacía para dar traslado de los hechos a la Fiscalía. "Queremos que se depuren responsabilidades y exigiremos que se devuelva todo el dinero", subrayó Soler. Ciegsa está, actualmente, en proceso de liquidación.
Soler y el conseller de Educación, Vicent Marzá, presentaron el informe, que confirma unos sobrecostes para la Generalitat en las obras adjudicadas a través de Ciegsa de 997 millones de euros -cantidad que incluye tanto el pago a las constructoras como los gastos financieros y otras partidas ligadas a estas actuaciones-. "Con ese dinero, podríamos haber construido unos 200 centros educativos nuevos, garantizando una calidad en la educación a los valencianos que hoy no tenemos", afirmó Marzá.
El informe del interventor apunta un coste superior en un 36,07% en el metro cuadrado construido a través de la sociedad, frente al de otras obras de infraestructuras educativas gestionadas directamente por la Generalitat. En concreto, se habla de un precio medio del metro cuadrado de 912,31 euros, frente a 670,45 euros de las actuaciones directas. "El metro cuadrado se pagaba a niveles similares a los de una vivienda de nueva construcción", destacó Soler.
Coste total: 2.826 millones
La auditoría estima que Ciegsa "ha supuesto un coste total para la Generalitat de 2.826 millones de euros. Este coste incluye las dotaciones presupuestarias anuales de la conselleria -874,86 millones de euros-, el coste de la deuda asumida por la Generalitat respecto de la mercantil en noviembre de 2013 -1.734,86 millones de euros-, así como el saldo pendiente de deuda de la Generalitat a favor de Ciegsa a 31 de diciembre de 2014 -216,55 millones de euros-". A este importe "habría que añadirle el importe de las deudas que, en su caso, deban asumir la Generalitat Valenciana o sus entidades dependientes como resultado del proceso de extinción y liquidación de la sociedad".
El documento indica que se adjudicaron a través de Ciegsa 610 actuaciones, de las que 217 se encontrarían pendientes de finalizar y han supuesto un coste, hasta el momento, de 53,85 millones, "así como 62 actuaciones que se encargaron a Ciegsa, pero que no han llegado a suponer coste alguno". El coste de las obras pendientes de ejecutarse ascendería a 783,93 millones de euros.
"Las actuaciones encomendadas a Ciegsa carecen de presupuesto y control por parte de la Conselleria, se efectúan en base a un convenio de colaboración irregular que no se tramitó conforme a ley, con la única finalidad de obtener financiación privada y acelerar la construcción de infraestructuras educativas que la Generalitat no podía ejecutar", concluye la Intervención. El importe de las operaciones de crédito suscritas por Ciegsa con entidades financieras ascendió a 2.599,18 millones de euros, "con unos costes financieros de 393,33 millones".
"Total impunidad"
"Se creó una especie de Conselleria de Educación en 'B'", que habría sido un "instrumento para huir de los controles y de la fiscalización parlamentaria", actuando "con total impunidad", sin esperar consecuencias. A este respecto, el informe indica que "el control que debía efectuar la conselleria sobre los encargos realizados a Ciegsa, quedó comprometido desde el momento de la firma del convenio, en tanto en cuanto la Conselleria renunció a las potestades de dirección, inspección, control y recepción de las obras (...). Consecuencia de esto, los distintos encargos efectuados por la Conselleria han adolecido de una falta de control manifiesta y un vaciamiento de competencias".
El informe denuncia diferentes irregularidades en los procedimientos de contratación, así como el hecho de que el convenio prevé que la titularidad de los centros recaiga sobre Ciegsa, lo que vulnera la ley, ya que "nos encontramos ante bienes de dominio público afectos a un servicio público que, por tanto, deben formar parte del dominio público de la Generalitat", alerta la Intervención.
La 'caja de la vergüenza'
Marzá y Soler llevaron a la presentación del informe una caja que contiene el plan elaborado por los propios trabajadores de Ciegsa para acabar con el sistema de aulas prefabricadas (barracones) que se ha utilizado en los colegios de la comunidad. El conseller de Educación denuncia que los anteriores responsables de la Conselleria "ni siquiera abrieron" la caja y prometió que el actual Consell intentará eliminar los barracones enla presente legislatura.
El informe de la Intervención cifra en 92 millones de euros el coste base de estas aulas prefabricadas -sin contar licencias ni asistencia técnica- y denuncia que las instalaciones, que deberían tener un caracter provisional, se han perpetuado en el tiempo.
La Comisión Nacional de Competencia (CNMC) sancionó con nueve millones de euros a cinco empresas por una presunta trama para repartirse los contratos de barracones en la región. (Leer noticia adjunta).
