El Gobierno ha vestido con un prolijo armazón legal la resolución sobre la opa a Banco Sabadell para blindarla frente a potenciales recursos por parte del BBVA u otros operadores -inversores, bufetes...- o, incluso, en esfera europea. El documento firmado por el Ministerio de la Presidencia que lidera Félix Bolaños donde glosa y argumenta las medidas impuestas al banco vasco desvela que el Ejecutivo recibió un informe de la Abogacía General del Estado sobre "distintos aspectos relacionados con la intervención del Consejo de Ministros" y "sobre la propuesta de acuerdo", y se apoya en la Constitución, reglamentos de la Unión Europea y jurisprudencia para validar su intervención.

El Gobierno ha fijado condiciones a la opa de BBVA sobre Sabadell, vetando en la práctica la fusión, para evitar una reducción del crédito más allá de las pequeñas y medianas empresas, en empresas industriales estratégicas, small midcaps y startups; y la merma de empleos, incluyendo ahí un menor ingreso vía Seguridad Social. El documento del Ministerio de Félix Bolaños sobre la resolución del Consejo de Ministros enumera hasta cinco motivos de interés general identificados por los diferentes ministerios y revela que la consulta pública no añadió criterios que fueran "distintos" a esos.

Banco Sabadell sacará pronto otro conejo de la chistera para exhibir ante sus accionistas el potencial financiero de su proyecto en solitario y defenderse así de la opa lanzada por el BBVA. La entidad vallesana ha avanzado este miércoles que prevé presentar su plan estratégico para el periodo 2025-2027 el próximo 24 de julio, coincidiendo con la presentación de resultados del primer semestre. El grupo ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que se encuentra en la "fase final de elaboración" de esa hoja de ruta, que debería guiar su actividad en solitario durante los próximos años.

Una decisión "proporcional" y "equilibrada". Así tachó el Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el veredicto del Gobierno sobre la opa de BBVA-Sabadell. El titular de Economía hizo hincapié en que sus condiciones a la transacción -el vasco no podrá fusionarse con el vallesano durante tres años, prorrogables a dos más- buscan proteger criterios de interés general y que cumplen con el marco normativo y jurídico. Sin embargo, antes de conocer la decisión de Moncloa, el grupo presidido por Carlos Torres no descartó acudir a los tribunales en el caso de que el Gobierno endurezca las condiciones de la opa. Como a BBVA le quedaría la vía del Supremo, el escenario judicial aún queda abierto.