El Gobierno ha vestido con un prolijo armazón legal la resolución sobre la opa a Banco Sabadell para blindarla frente a potenciales recursos por parte del BBVA u otros operadores -inversores, bufetes...- o, incluso, en esfera europea. El documento firmado por el Ministerio de la Presidencia que lidera Félix Bolaños donde glosa y argumenta las medidas impuestas al banco vasco desvela que el Ejecutivo recibió un informe de la Abogacía General del Estado sobre "distintos aspectos relacionados con la intervención del Consejo de Ministros" y "sobre la propuesta de acuerdo", y se apoya en la Constitución, reglamentos de la Unión Europea y jurisprudencia para validar su intervención.
La resolución, de 25 páginas, se asemeja a una sentencia judicial en algunos puntos por este armazón legal más que a una decisión al uso del Consejo de Ministros para justificar aspectos como su intervención, los riesgos de interés general que invoca a proteger o su capacitación para añadir exigencias extras a las comprometidas ya por BBVA con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La decisión del organismo de Competencia de llevar la operación a un examen exhaustivo (Fase II) abrió la puerta a que acabase en la Moncloa, al exigir la normativa el traslado de su dictamen al Ministerio de Economía si fijaba remedies, y el departamento liderado por Carlos Cuerpo debía dirimir si lo elevaba o no al Consejo de Ministros como finalmente ha ocurrido.
A partir de aquí, sin embargo, algunos expertos y BBVA interpretan que solo podía confirmar o suavizar los remedies de la CNMC y cuestionaban la validez de formular riesgos no listados en la ley. El banco apuntó, al respecto, que el Consejo de Ministros solo intervino en uno de los 1.500 expedientes que ha revisado y fue para eliminar restricciones -en la fusión de Antena 3 y La Sexta-.
BBVA no ha descartado recurrir la decisión del Gobierno, que veta en la práctica la fusión con Sabadell en un mínimo de tres años, por el "deber fiduciario" con sus accionistas. La vía sería el Tribunal Supremo, pero también la Comisión Europea ha puesto foco sobre la intervención gubernamental, dejando abierta la puerta a iniciar un expediente que acabe en el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) si concluye que se ha extralimitado en su función por no alinearse con el Derecho comunitario. Las líneas rojas de Bruselas serían que el interés general invocado sea genuino y las medidas fijadas proporcionadas, algo que defendió Cuerpo cuando explicó la decisión.
Fallos del Constitucional
Frente a estos riesgos de litigios, el Ejecutivo alega que la ley de Defensa de la Competencia 15/2007 capacita al Consejo de Ministros para intervenir si observa riesgos de interés general, distintos a los de competencia (analizados y protegidos por la CNMC), y agrega que así ha quedado sentado en la sentencia del Tribunal Constitucional de 108/2014, de 26 de junio de 2014.
El informe vuelve a apoyarse en ambas referencias legales para refutar también la tesis de que la normativa establece un catálogo cerrado y tasado de esos intereses generales, y caben más razones. Y con vistas quizá a Europa recoge que el artículo 21.4 del Reglamento del Consejo Europeo de 139/2004 reconoce a los países la facultad "de adoptar las medidas pertinentes para proteger los intereses legítimos distintos de los considerados en el Reglamento que sean compatibles con los principios generales y demás disposiciones del Derecho comunitario"
El Gobierno invoca, de hecho, cinco razones de interés general y solo dos están específicamente recogidos en la ley de Defensa de la Competencia: la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial (la aduce para buscar garantías sobre el crédito a empresas, más allá de las pymes) y la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico.
Añade la protección de los trabajadores (y por derivada de la caja de la Seguridad Social), apelando al artículo 40 de la Constitución Española y por ser un "objetivo de la Unión reconocido en el artículo 151 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)"; y la cohesión territorial (aquí censura el cierre de sucursales), con respaldo en el artículo 138.1 de la Carta Magna y el 174 del TFUE.
El quinto motivo que alega de interés general es la política social, con el argumento de que los artículos 34, 46 y 51 de la Constitución garantizan el derecho a una vivienda digna y adecuada, la protección de los consumidores y usuarios bancarios, y las acciones de fundaciones. Agrega que el artículo 151 del TFUE sostiene la intervención en favor de razones de interés general "avaladas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".
"Con base a todo lo anterior, el presente acuerdo se motiva en un conjunto de criterios y razones de interés general distintos de la defensa de la competencia que encuentran arraigo en la Constitución Española al tratarse todos ellos de bienes jurídicos de alcance constitucional y avaladas por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea", concluye el Gobierno en el documento.
"Enfoque finalista" sin microcondiciones
El Gobierno permite la opa con una condición: BBVA y Sabadell tendrán que mantener la personalidad jurídica y el patrimonio separados, además de autonomía de gestión en su actividad durante tres años, ampliables a cinco si estima que persisten los riesgos de interés general identificados. En la práctica veta la fusión, aunque permite cambiar al consejo de administración del vallesano.
No impide expresamente despidos o cierres de oficinas, pero conmina a "proteger" el empleo y la cohesión territorial, con la advertencia de que clausurar oficinas acaba dañando a la localidad afectada. Según el texto, es un "enfoque finalista" que obliga a "un resultado que consiga la protección de todos y cada uno de los intereses identificados a garantizar".