Los de cierta edad, asistimos atónitos cada día a no pocos cambios y novedosos planteamientos que intentan transformar nuestros modelos socio-económicos y productivos, sin duda muy mejorables, pero que han permitido, a nivel global, razonables cotas de estabilidad y crecimiento, así como el afianzamiento de una sociedad del bienestar caracterizada por unas clases medias cada vez más amplias y sólidas.

No es infrecuente que muchos Gobiernos piensen (en parte, no sin razón) que el derecho a conciliar la vida personal con la vida laboral es un derecho preferente del trabajador, olvidando que lo primero que hay que preservar desde un Gobierno es el derecho al trabajo reconocido en el art. 35 de nuestra Constitución.

El pasado mes de enero, el Gobierno aprobaba un anteproyecto de Ley Orgánica por la que se pretende modificar, en profundidad, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para “la ampliación y fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal”.

El pasado 10 de enero, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso registró una Proposición de Ley Orgánica que, bajo el rimbombante título de Garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas, fue bautizada por el su flamante portavoz Patxi López, como “Ley contra los ultras” (no dijo de qué signo) para impedir sus mecanismos de acoso a artistas, intelectuales y partidos políticos “utilizando la justicia”.