Socio director de Acountax
Opinión

El pasado 24 de abril, el presidente Sánchez publicaba y difundía una “carta a la ciudadanía” en la que denunciaba una presunta campaña de “acoso y derribo” contra él mismo y contra su esposa Begoña López, después, eso sí, de que un Juzgado de Instrucción declarara secretas las diligencias de investigación sobre determinadas actividades de su esposa que podrían ser susceptibles de enjuiciar en el marco de los denominados delitos de corrupción y tráfico de influencias.

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País Vasco, Cataluña y las europeas son el tour electoral que ya ha comenzado y que terminará el próximo 9 de junio. Al margen de la “fatiga” ciudadana que este proceso nos va a producir y de lo que se juegan los catalanes y los vascos en estas elecciones -que no es poco-, nos jugamos como país, en todas ellas, el futuro de nuestra estructura territorial como Estado y la paralización, o no, del deterioro de nuestra calidad democrática y del prestigio de las instituciones y poderes del Estado, sin olvidarnos del riesgo real de derogación fáctica del principio de igualdad entre todos los españoles.

La pasada semana, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprobaba la proposición de Ley de Amnistía o lo que es lo mismo, la rendición incondicional del Gobierno de España ante los que atentaron contra la integridad territorial del Estado con estrategias, acciones y medidas que, en una buena parte, fueron ya juzgadas y condenadas por nuestros Jueces y Tribunales, reconociéndolas como conductas graves y dolosas, previstas y penadas en nuestro vigente Código Penal y, en otra parte, se encuentran en fase de investigación e instrucción como presuntos delitos de terrorismo, también contemplados en nuestro Código Penal y sobre los que hay ya una jurisprudencia consolidada.

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Los que ya tenemos cierta edad y además hemos tenido la suerte y el privilegio de poder conocer bien al sector agroalimentario y la realidad de nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas, estamos acostumbrados a oír demandas y reivindicaciones casi siempre en términos económicos (ayudas, subvenciones, indemnizaciones por catástrofes, rebajas fiscales, etc.) y con abundantes quejas por una PAC que, para este nuevo periodo, empezó en el 2023 , quizás sea algo corta de asignación presupuestaria desde la UE.

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El pasado 20 de diciembre, el Gobierno de España tuvo a bien "obsequiarnos" de nuevo con varios Decretos Ley y, entre ellos, con uno de 26 páginas de exposición de motivos, nada menos que 129 artículos, 16 disposiciones adicionales, 11 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, nueve disposiciones finales y sorprendentemente un "anexo de definiciones" para intentar entender algunas de las cosas que se pretenden legislar.

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