El derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 de nuestra Constitución) es un principio fundamental en el derecho penal, que establece que toda persona investigada, procesada o acusada formalmente de un delito se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio justo, con una Sentencia condenatoria. Desde un punto de vista jurídico, esto significa, o debería significar, que, durante la investigación y, en su caso, el proceso judicial, se debe tratar a la persona como inocente hasta que una sentencia firme declare su culpabilidad.

Los de cierta edad, asistimos atónitos cada día a no pocos cambios y novedosos planteamientos que intentan transformar nuestros modelos socio-económicos y productivos, sin duda muy mejorables, pero que han permitido, a nivel global, razonables cotas de estabilidad y crecimiento, así como el afianzamiento de una sociedad del bienestar caracterizada por unas clases medias cada vez más amplias y sólidas.

No es infrecuente que muchos Gobiernos piensen (en parte, no sin razón) que el derecho a conciliar la vida personal con la vida laboral es un derecho preferente del trabajador, olvidando que lo primero que hay que preservar desde un Gobierno es el derecho al trabajo reconocido en el art. 35 de nuestra Constitución.

El pasado mes de enero, el Gobierno aprobaba un anteproyecto de Ley Orgánica por la que se pretende modificar, en profundidad, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para “la ampliación y fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal”.