El reino de la mediocridad como llave para el control gubernamental del Poder Judicial

El pasado mes de enero, el Gobierno aprobaba un anteproyecto de Ley Orgánica por la que se pretende modificar, en profundidad, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para "la ampliación y fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal".

La verdad es que, tal y como nos tiene acostumbrados el Gobierno, el título del anteproyecto no puede ser ni más atractivo ni más ambicioso, sobre todo si pensamos en las insuficiencias y carencias que "disfruta" desde hace años la judicatura y los tribunales españoles, y el brutal deterioro de la imagen del Ministerio Fiscal y de la Carrera Fiscal en los últimos años, especialmente después de la imputación del Fiscal General del Estado.

Sin embargo, una lectura del texto del anteproyecto, lleva a pensar que estamos ante un paso más, nada disimulado, hacia el control de la judicatura por el Gobierno de turno y hacia un sometimiento aun mayor de la Fiscalía. Es decir, que ya no haya dudas en "¿de quién depende la Fiscalía? y que sobre que "tipología de jueces" es la "adecuada" (a criterio del Gobierno) para que accedan al ejercicio de la función jurisdiccional, separándose de manera definitiva de los principios objetivos de igualdad, mérito y capacidad que siempre han regido el acceso a las Carreras Judicial y Fiscal.

Es cierto que, entre otras muchas cosas, la futura nueva Ley pretende más jueces y fiscales pero con un menor nivel de exigencia teórica y de conocimientos jurídicos, bajo un nuevo modelo de oposición que pretende "estatalizar" el proceso de preparación de opositores, bajo el pretexto de otorgamiento de becas para los opositores (cosa que aplaudimos si se hace para todas las oposiciones de acceso a Cuerpos del Estado), sin duda para controlar la "doctrina a impartir" a los jóvenes opositores, más allá del temario de la oposición, dado que también se pretende controlar a los preparadores que deberán constar en un registro público.

Sin duda, el llamado "cuarto turno" será la llave para el acceso mayoritario de los nuevos jueces y fiscales, sin que se contemplen garantías de solvencia en cuanto a conocimientos jurídicos y permitiendo que no entren los mejores de cada promoción (como sucede con un sistema oposición objetivo) y sí, nos tememos, que los más afines al Gobierno de turno.

Es decir, se pretende un modelo de justicia ideologizada y con la balanza escorada hacia un lado (es igual de letal que sea izquierdo o derecho), en lugar de objetiva y ciega como es su emblema, al que habría que quitar ya la venda de los ojos. Para evitar o limitar una hipotética "oposición vertebrada y una opinión libre y profesional" dentro de estos colectivos, el anteproyecto regula la financiación de las asociaciones judiciales y fiscales, impidiendo la financiación privada (de las cuotas de asociados) y haciéndoles depender para sobrevivir del todopoderoso presupuesto del Estado.

Si a lo anterior le añadimos, entre otras cosas, que se politiza el Comité de Ética del CGPJ, incorporando cuatro miembros elegidos por las Cortes Generales, comprobamos que se cambia significativamente el sistema de elección de las Salas de Gobierno de los Tribunales, con la obvia finalidad de limitar o evitar que las asociaciones de jueces mayoritarias (las profesionales) estén presentes en una gran mayoría de plazas y se "dulcifica" o facilita" el tipo de examen de acceso vía oposición para permitir la entrada de profesionales con menor nivel de preparación. Con ello, constatamos que el anteproyecto es todo un asalto, casi definitivo, a los órganos jurisdiccionales para convertirlos en adoctrinados y dóciles a la filosofía política y objetivos estratégicos del Gobierno de turno.

Es la desaparición de facto del Poder Judicial como poder independiente y el mayor atentado que se puede perpetrar a un Estado democrático de Derecho como el nuestro. Se pretende aniquilar el modelo actual, sin duda muy mejorable, y con serias carencias en muchos ámbitos, pero que ha permitido y permite mantener cierta confianza en los jueces y tribunales españoles, en el principio de seguridad jurídica y sostener la existencia de una razonable independencia del Poder Judicial.

Un modelo del que han salido y salen fiscales, jueces y magistrados que, con su formación, trabajo, esfuerzo personal, independencia e integridad profesional permiten aun mantener una razonable confianza en nuestro maltrecho sistema judicial. Magistrados como el recientemente jubilado Manuel Marchena, al que desde aquí rindo humilde homenaje, vivo ejemplo de todo esto, que poco antes de retirarse por razones de edad, nos enseñaba, una vez más, que solo el poder judicial puede ya poner límites a aberraciones y desmanes políticos y administrativos, cada día más frecuentes.

Efectivamente, el pasado 7 de enero, la Sala de lo Penal del TS, con Marchena como ponente, puso nuevamente un certero y justo coto a la Agencia Tributaria para investigar deudas ya prescritas (por el trascurso de cuatro años) utilizando el torticero argumento de que si son presunto delito fiscal prescriben a los cinco años por aplicación del Derecho Penal. Algo que muchos hemos defendido siempre como aberrante, sobre lo que ya se ha pronunciado alguna vez algún tribunal, pero que la Agencia Tributaria parece no querer enterarse.

Un fallo reconfortante, que refuerza la garantía de los contribuyentes y su seguridad jurídica, frente a algunas actuaciones administrativas que rayan la arbitrariedad. Esperemos que haya cordura y firmeza y que el anteproyecto de Ley Orgánica acabe durmiendo en un cajón para que un futuro nuevo modelo y las reformas que haya que hacer sigan permitiendo jueces, magistrados y fiscales independientes y formados, que nos den a todos seguridad jurídica. Esperemos que el reino de la mediocridad que brilla en el Gobierno y en una buena parte de la Administración no se extienda también a la judicatura.

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