Organizado por el Ministerio de Justicia de la República de Cuba, entre los días 5 y 7 de febrero se ha celebrado en La Habana el IV Congreso internacional, que he tenido el honor de copresidir.
La importancia de este encuentro de trabajo lo demuestra la presencia en la inauguración de Homero Acosta Álvarez, secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; Óscar Manuel Silvera Martínez, ministro de Justicia de la República de Cuba; Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular; Yamila Peña Ojeda, Fiscal General de la República de Cuba; Mayra Arevich, ministra de Comunicaciones y José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular; y con Lilia María Hernández Doejo, presidenta de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC), entre otras autoridades tanto cubanas como internacionales.
En el Congreso también ha participado como ponentes una selecta representación de juristas españoles, compuesta por los magistrados del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo Moreno y Laura Díez Bueso; el presidente del Colegio de Notarios de Canarias, Alfonso Cavallé, así como, el director de Relaciones Internacionales de Colegio de Registradores de España, Sergio Saavedra, y la especialista en Derecho Registral Mercantil Iberoamericano y registradora Mercantil, Belén Madrazo.
En mi ponencia he incidido en el papel que desempeñamos los Gestores Administrativos como primera línea de defensa de nuestros clientes y me he centrado en las ventajas de la promulgación de la Ley Orgánica de Derecho a la Defensa, que considero que sitúa a España como un referente en derechos procesales a nivel europeo, consolidando el compromiso del país con la protección de los derechos fundamentales y la justicia equitativa. Creo que la Ley Orgánica del Derecho a la Defensa no solo refuerza este derecho, sino que también refleja un compromiso renovado con los valores de justicia y dignidad humana que han guiado su desarrollo a lo largo del último siglo.
También ha explicado que dejar fuera de esta norma a los Gestores Administrativos, así como a otros colaboradores sociales, supone olvidar el derecho a la defensa fuera del ámbito judicial. Este olvido puede perjudicar una adecuada protección de los derechos de los ciudadanos. Para garantizar una protección integral del derecho a la defensa en todos los ámbitos, judicial y administrativo, es necesario llevar a cabo reformas en el marco normativo español que reconozcan y refuercen el papel de los profesionales que intervienen en la defensa técnica y representativa en procedimientos no judiciales. Aquí radica la conexión intrínseca entre el derecho a la defensa y la igualdad social: garantizar una defensa efectiva en el ámbito administrativo no solo protege los derechos individuales, sino que también promueve la equidad al permitir que todos, independientemente de su nivel de conocimiento o recursos, puedan participar activamente en la vida económica y social. Este enfoque no solo previene desigualdades, sino que también refuerza la cohesión y confianza en las instituciones públicas.
Y así se lo hemos venido explicando a los miembros de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC), desde 2015, año en que los miembros de una delegación del Colegio de Gestores Administrativos (ICOGAM), visitamos por primera vez la Isla con el objetivo de analizar posibles colaboraciones que favoreciesen los trámites consulares de los españoles residentes en Cuba. Desde entonces, han sido numerosos los encuentros que hemos mantenido entre delegaciones de ambos países, que han culminado en un acuerdo, rubricado en 2024 entre el ICOGAM con distintas Instituciones cubanas, la formación y en la facilitación de trámites relacionados con la Ley de Memoria Democrática. Además, la reciente inauguración de la dos primeras gestorías administrativas en La Habana y Artemisa, han marcado un hito en la modernización y el apoyo a las Mipymes y a los trabajadores por cuenta propia en Cuba. Este proyecto, lanzado en noviembre de 2024. No es para menos que estar orgullosos de estas actuaciones que son el fruto de un ímprobo trabajo.
Lilia María Hernández, presidenta de la ONBC, explicó, por su parte, que el modelo de gestoría administrativa, basado en el sistema español, ha sido adaptado a la realidad cubana. Las relaciones entre ambas instituciones comenzaron hace varios años, y recientemente se han consolidado con visitas mutuas entre Cuba y España para ajustar el modelo de manera que se adapte a las necesidades locales. Este proyecto piloto no solo es una gran oportunidad para modernizar el sector administrativo en Cuba, sino que también representa un puente de colaboración internacional que permite aprender de buenas prácticas globales. Los avances en la digitalización están ayudando a acelerar la modernización de los registros civiles, un área clave para la eficiencia del Estado. Estamos satisfechos con los resultados hasta el momento, y confiamos en que este modelo será clave para el fortalecimiento económico del país", comentó
Las gestorías en La Habana y Artemisa han obtenido resultados positivos, con un aumento significativo en el número de contratos gestionados para las Mipymes y trabajadores por cuenta propia, así como en los ingresos derivados de estos servicios. Este modelo de gestoría administrativa ofrece asesoría integral en áreas clave como la gestión de trámites legales, la formalización de contratos y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, lo que permite a las Mipymes y trabajadores por cuenta propia optimizar sus procesos y mejorar su competitividad.
El proyecto está siendo seguido muy de cerca por el Ministerio de Justicia de Cuba, y se espera que en los próximos meses se extienda a otras provincias del país. La ONBC continúa trabajando junto al ICOGAM para asegurar el éxito y la expansión de este servicio, que forma parte de un esfuerzo mayor para impulsar la digitalización y la modernización administrativa en Cuba. Este sería el primer paso para exportar nuestra profesión a otros países. El modelo español de gestoría administrativa es un modelo de éxito que no debería quedar solo en el ámbito de nuestras fronteras. La experiencia en Cuba nos facilitará la migración del modelo a otros países. En ese sentido, hemos comenzado los contactos con Argentina y estamos trabajando en Bruselas de cara a que conozcan nuestra profesión.
Además, y no menos importante, desde el ICOGAM estamos facilitando diferentes recursos para la digitalización de los Registros Civiles cubanos, paso necesario para agilizar los trámites necesarios para acceder a la nacionalidad española de acuerdo con lo establecido en la citada Ley.
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