Cuanto mayor es mi desolación, mayor es también mi convencimiento de que algo de razón debo tener. El tema no es nuevo. Se trata de la inseguridad jurídica de la que tantas veces he hablado. Empiezo mi reflexión reiterando que la lucha contra el fraude es el objetivo prioritario al que hay que dedicar todos los recursos y esfuerzos posibles.
El objetivo prioritario no es recaudar para gastar. Ya sé que los impuestos son necesarios para pagar el coste de los servicios públicos. El problema es que no nos preguntamos si el sacrifico fiscal que se nos exige es posible y razonable, y cuál es su coste.
La exigencia que hay en el ingreso, no me consta que la haya en el gasto. Todo lo contrario. No digo que haya anomalías.
Digo tan solo que estamos muy lejos de reducir el excesivo gasto político o clientelar, o las propias duplicidades, sin hablar de valorar la eficacia de las políticas de gasto. Nada se dice tampoco de priorizar prestaciones o de corregir desviaciones. Solo se habla de gastar.
De mayor presencia y dependencia del Estado. La ayuda pública es ya consustancial a nuestra existencia. El único problema es que todo eso tiene un precio que hay que pagar con impuestos que, dicho sea de paso, no caen del cielo, sino que provienen de nuestros bolsillos y que, para pagarlos, hay que trabajar, es decir, hay que crear riqueza. Pero hoy no quiero entrar en ese percal. Me voy a limitar a hablar de una cuestión que afecta, y mucho, a su creación: la inseguridad jurídica.
He dicho ya muchas veces que, para opinar, hay que conocer muy bien a las dos partes, en nuestro caso, a la Administración y al ciudadano. Sin embargo, mucho me temo que eso no ocurre. El problema se agrava porque la mayoría de nuestros políticos no han vivido en primera persona el sacrificio de ser autónomo o empresario, la presión de llegar a fin de mes, la dependencia del crédito, la abrumadora burocracia, y un largo etcétera.
Desconocen, en definitiva, el impacto real que tendrán sus decisiones políticas. Conocen la teoría, y las empresas son sus conejillos de indias. Y no me digan ahora que el problema son los ricos.
Claro que los hay, pero tampoco es cierto que aumentándoles los impuestos se solucionen los problemas. Esto es mentira. Aportarían, eso sí, mayor recaudación, pero porcentualmente insignificante. Nada despreciable, cierto, pero insignificante.
El problema de verdad es el sacrifico fiscal que soportamos el resto de los mortales que, por cierto, somos la mayoría. Lo importante es redistribuirlo mejor. Pero eso no significa recaudar más. En ocasiones, justicia y recaudación son antónimos, no sinónimos. Todo es un equilibrio que requiere diálogo y empatía.
A ello no ayuda que la mayoría de nuestros funcionarios inspectores no hayan vivido la experiencia de ser empresarios. Sin embargo, ellos son los que, después, cuestionan decisiones económicas como, por ejemplo, cuál es la tesorería que la empresa necesita, si los motivos económicos que se alegan son suficientes, o que un determinado gasto no es necesario.
El principal sinvivir del ciudadano no es cómo dejar de pagar a Hacienda. Es mentira. Su principal sinvivir es no tener la seguridad jurídica que la Constitución garantiza.
La verdad es que nadie quiere tener problemas con la Administración, en particular con Hacienda. Personalmente, tampoco pretendo tener la razón, sino conocer por qué no la tengo. Aspiro tan solo a poder dialogar con la esperanza de que la otra parte haga un esfuerzo por entenderme igual al que yo he de hacer para entenderla. Si no, de nada sirve el diálogo.
Tan solo pido tener la certeza de cumplir bien con nuestras obligaciones sin temer ninguna actuación posterior de la Administración. Fíjense que les digo tener la certeza de cumplir bien. Cumplir, y bien, ya se hace. Pero con certeza, no.
Pero aun teniendo un alto grado de la misma, es descorazonadora aquella interpretación que la Administración aplica unos años más tarde después de haber tenido el tiempo suficiente de estudiar la norma y de contrastar sus opiniones, es decir, nada o muy poco de lo que el ciudadano tiene, pero debería tener, en el momento de cumplir con las obligaciones que la ley le impone.
La compleja realidad empresarial es además tan grande y tan desconocida por quienes no la viven, que hasta los magistrados se atreven en ocasiones a cuestionar uno u otro negocio por razones económicas que ni conocen, ni han vivido.
En una sociedad en la que casi todos los operadores económicos estarán en breve obligados a proporcionar a Hacienda información en tiempo real, estos se ven cada vez más desprotegidos en su derecho a la seguridad jurídica, conscientes de que, de existir discrepancia, su interpretación seguramente no coincidirá con la de la Administración y que habrá que esperar un muy largo periodo de tiempo hasta que alguien les dé la razón, siempre, claro está, que se entienda de verdad el problema de que se trate.
Todo, claro, pagando o avalando y, casi seguro, con sanción. Así es imposible crear riqueza. Es, pues, urgente encontrar soluciones como la transparencia, los acuerdos, la colaboración, o el arbitraje, bajo el paraguas de un código de buenas prácticas que promueva la confianza y la seguridad. Estoy convencido de que cuanto más oscura está la noche, más próximo está el amanecer.
