Si recientemente el Tribunal Supremo obligó a la web de El País a bloquear una noticia relativa a la detención de dos drogodependientes, también la Audiencia Nacional ha obligado al mismo medio a bloquear otra noticia referente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
En octubre de 2014 la Audiencia Nacional se pronunció, por primera vez en España, sobre el llamado derecho al olvido contra Google. Ahora, el Tribunal Supremo ha aplicado este derecho en construcción a El País, respecto a una noticia de los años 80, en la que se mencionaba la detención de dos drogodependientes.
Puede que la sentencia más conocida sobre derecho al olvido sea la del caso Costeja. En este artículo se comentará ese asunto desde una perspectiva que, a mi juicio, se está ignorando: el caso Costeja confirma que la relevancia pública del afectado no ha sido impedimento para retirar sus datos de Internet.
Gran parte de las peticiones de derecho al olvido se refieren a las web de los Boletines Oficiales. Mucha gente que busca sus datos (por ejemplo en Google), se encuentra con que la web de un Boletín Oficial ha publicado sus calificaciones de una oposición, su domicilio, su DNI, una sanción, una sentencia, un indulto, o incluso una citación judicial.