Las causas contra directivos bancarios por sus conductas durante la crisis económica que se han vivido en España durante los últimos años han trascendido el ámbito de los tribunales y se han convertido en juicios de interés social y mediático a una forma de actuar que marcó una época.
El 'president' considera que la Carta Magna es ahora una "cárcel"
Como era previsible, el Govern deberá recorrer un camino muy tortuoso si pretende aprobar los Presupuestos de 2019.
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El TSJC rechaza investigar a Aragonès por su papel en el 1-O
La coalición Catalunya en Comú Podem (CECP) puso ayer negro sobre blanco el coste que tendrá para los contribuyentes catalanes su apoyo a las Cuentas de la Generalitat para 2019: casi 2.000 millones de euros más en gasto público. Según anunciaron ayer los comunes, las principales partidas que deberían incluir los Presupuestos catalanes para recibir su aval son el retorno de las pagas extras de 2013 y 2014 a los funcionarios (495 millones), la financiación de la escuela inclusiva (240 millones), generalizar el acceso al subsidio a las familias con menores ingresos -la llamada Renta Garantizada de Ciudadanía- (200 millones), doblar la inversión en políticas de infancia (118 millones), y aumentar los recursos destinados a vivienda (450 millones, a los que también deberían contribuir diputaciones y ayuntamientos).
El Ejecutivo catalán ha defendido durante los últimos meses que no se planteaba una subida de impuestos en el proyecto de Presupuestos de la Generalitat de 2019, más allá de recuperar algunos de los pequeños tributos suspendidos por el Tribunal Constitucional, como el que deberían pagar las compañías proveedoras de ADSL o el que pesaría sobre los elementos radiotóxicos de las centrales nucleares.
El 'Govern' dejó sin abonar más de 615.000 euros en publicidad del referéndum
Acciona y sus socios consideran que la adjudicación de ATLL no fue nula de pleno derecho y que la propuesta de liquidación hecha por la Generalitat está alejada de las sentencias judiciales y del contrato de concesión. Así lo reflejan las alegaciones presentadas por la concesionaria ante dicha propuesta de liquidación. La concesionaria defiende que la adjudicación fue válida y que debe resolverse según las cláusulas del contrato, lo que estiman que supondría una indemnización de más de 1.000 millones. Para ello, exhibe el decreto que devuelve ATLL al sector público, donde el Govern exige el cumplimento del contrato, y el último auto del TSJC, que considera la adjudicación anulable pero no nula de pleno derecho.
Grifols anunció ayer que ha iniciado contactos con Shanghai RAAS, firma líder en China en la producción de medicamentos plasmáticos, para alcanzar una alianza estratégica. Según comunicó la farmacéutica española a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el pacto consistiría en la integración de su filial norteamericana Grifols Diagnostic Solutions (GDS) y sus subsidiarias en Shanghai RAAS, a cambio de la toma de control en la empresa china. De acuerdo con las negociaciones, que se encuentran en una fase preliminar, la valoración de GDS es de aproximadamente 5.000 millones de dólares (4.390 millones de euros).