Barcelona
El Ejecutivo catalán ha defendido durante los últimos meses que no se planteaba una subida de impuestos en el proyecto de Presupuestos de la Generalitat de 2019, más allá de recuperar algunos de los pequeños tributos suspendidos por el Tribunal Constitucional, como el que deberían pagar las compañías proveedoras de ADSL o el que pesaría sobre los elementos radiotóxicos de las centrales nucleares.
No obstante, las evidentes dificultades que el consejero de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, se está encontrando para lograr atraer al grupo parlamentario de Catalunya en Comú-Podem hacia una posición de apoyo a las Cuentas autonómicas podrían poner en entredicho los planes iniciales del Govern.
La primera en el Gabinete catalán en empezar a entreabrir la puerta de una subida de impuestos de mayor calado fue la portavoz Elsa Artadi, que la semana pasada ya avanzó que la Generalitat "ha revisado la fiscalidad cada año".
Las declaraciones hechas en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu se interpretaron como un mensaje a los comunes, que exigen ahora incrementos sustanciales en la fiscalidad para apoyar las Cuentas autonómicas, una vez que han asumido que ERC y el PDeCat no avalarán en el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado pactados por el Gobierno del PSOE con Unidos Podemos.
Aumento de tributos
La coalición de izquierdas reclama subidas en el impuesto de sucesiones y donaciones, en el de patrimonio y en los tramos más elevados del IRPF como condición para votar afirmativamente los Presupuestos que está diseñando Aragonès. En palabras del portavoz de Catalunya en Comú-Podem, Joan Mena, se trata de aprobar una reforma que "elimine los privilegios fiscales" para destinar los recursos recaudados a políticas sociales y revertir así los "recortes" ejecutados por los sucesivos gobiernos de CiU.
La diputada de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, resumió así la posición de su coalición: "Ya es hora de que paguen los que siempre piden sobreesfuerzos a la mayoría, los que acumulan la riqueza en unas pocas manos".
Cabe recordar que la oferta del Ejecutivo catalán a los comunes de negociar los Presupuestos autonómicos llega en un momento de grave debilidad parlamentaria de la mayoría gubernamental independentista, que se ha visto minada por el paso de la CUP -su aliado durante la anterior legislatura- a la "oposición activa" por rechazar la política "autonomista" del presidente de la Generalitat, Joaquim Torra.
La mayoría soberanista terminó de quebrarse tras la renuncia de los diputados de JxCat Carles Puigdemont, Jordi Turull, Jordi Sànchez y Josep Rull a designar a sus sustitutos en el Parlament tras su suspensión por parte del Tribunal Supremo a causa de su procesamiento por rebelión. Este último episodio significó una crisis de Gobierno entre JxCat, y ERC, que estuvo cerca de terminar con la legislatura en Cataluña.
Por otro lado, aunque el PSC se encuentra muy lejos de apoyar el proyecto de Presupuestos catalanes que está elaborando el Govern, la formación no deja de presionar para que el Ejecutivo autonómico y el Parlament se encaminen hacia una política de incremento de la fiscalidad.
La diputada socialista Alícia Romero pidió en la Cámara catalana que se tomen medidas "para favorecer aquellos que más esfuerzos han hecho durante la crisis" y reclamó mayores sacrificios "a los que más heredan y más ganan". Concretamente, el PSC propuso durante el pleno de la semana pasada una subida en el impuesto de sucesiones y donaciones y en los tramos más altos del IRPF.
Un rosario de modificaciones
El impuesto de sucesiones y donaciones se ha convertido en el buque insignia de las reclamaciones de la izquierda catalana durante los últimos años y, en caso de volver a reformarse, sería la enésima modificación que sufre dicho tributo en la última década.
El Tripartito aprobó en 2009 una primera rebaja del impuesto de sucesiones, especialmente para los patrimonios más modestos. Al año siguiente, la CiU liderada por Artur Mas convirtió la supresión de dicho tributo en la propuesta estrella de su programa en las elecciones autonómicas de 2010, al considerar que gravaba en exceso a las clases medias catalanas, especialmente en relación con la tributación que se daba en otras comunidades de España.
En dichos comicios, la federación nacionalista recuperó el Govern tras lograr 62 diputados, quedando a seis escaños de la mayoría absoluta. Con el apoyo del PP, Mas logró aprobar una bonificación del 99 por ciento en la cuota tributaria para los familiares de primer grado (entre padres e hijos y entre cónyuges).
No obstante, las estrecheces presupuestarias derivadas de la crisis y el pacto con sus nuevos socios de Esquerra tras las elecciones de 2012 llevaron al nuevo Govern de Mas a recuperar el impuesto de sucesiones en 2014, reintroduciendo el pago por herencias entre ascendentes y descendentes con una escala progresiva, y respetando únicamente la anterior bonificación del 99 por ciento entre cónyuges.
Actualmente, la recaudación por el impuesto de sucesiones y donaciones representa unos ingresos superiores a los 450 millones de euros anuales para la Generalitat, siendo el tercer tributo (entre el grupo de los propios y cedidos por el Estado) que genera más ganancias a las arcas autonómicas, tras el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (cerca de 2.000 millones de euros) y el de patrimonio (más de 500 millones).
Cuadrar los números
Por el momento, los incrementos fiscales parece que son la única baza que el Govern tiene para atraer a los comunes hacia el sí a los Presupuestos, a pesar de que Aragonès ha introducido un incremento de 1.600 millones de incremento en el gasto público, sobre un desembolso total de más de 31.000 millones en 2017.
Este incremento del gasto no ha sido, de momento, suficiente para que el Ejecutivo catalán convenza a Catalunya en Comú-Podem de que éstas son unas Cuentas sociales.
En parte porque una parte del desembolso deberá destinarse a pagar partidas que ya se están desplegando, como el abono de las nóminas por el incremento en la plantilla de docentes iniciado en 2017 o los recursos destinados a la Renta Garantizada de Ciudadanía (un subsidio a las familias más desfavorecidas). Por otro lado, se prevé que los ingresos se eleven en unos 2.700 millones de euros en 2019.
