Barcelona
Las causas contra directivos bancarios por sus conductas durante la crisis económica que se han vivido en España durante los últimos años han trascendido el ámbito de los tribunales y se han convertido en juicios de interés social y mediático a una forma de actuar que marcó una época.
Este ha sido también el caso del proceso judicial abierto contra el expresidente de CatalunyaCaixa y exministro del PSOE, Narcís Serra, y su ex director general, Adolf Todó, junto con 39 integrantes de la cúpula de la entidad financiera, por los sobresueldos que aprobaron en plena crisis económica y mientras la caja catalana estaba recibiendo fondos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que entre 2010 y 2012 le aportó más de 12.000 millones de euros.
El juicio, que se inició a principios de octubre en la sección octava de la Audiencia Provincial de Barcelona, quedó visto para sentencia la semana pasada y se espera que la decisión del tribunal se conozca dentro de un mes, aproximadamente.
El fiscal Fernando Maldonado acusa a Serra y Todó de dos delitos de administración desleal en concurso con otro de apropiación indebida y pide para ellos tres años de cárcel, aunque la petición inicial fue de cuatro años de prisión, junto a una multa de 67.500 euros para ambos.
A las otras 39 personas que formaban parte del Consejo de Administración de la entidad financiera cuando se aprobaron los sobresueldos, la Fiscalía les pide penas de dos años y tres meses, al considerarles cooperadores necesarios de los delitos presuntamente perpetrados por Serra y Todó.
Coste para CX
Según la Fiscalía, las decisiones de la cúpula de CatalunyaCaixa provocaron un perjuicio económico de 783.000 euros a la entidad. Concretamente, de 439.000 euros a partir de las dos subidas de sueldo que se aprobaron para Todó en enero y octubre de 2010, y de 344.000 euros por los incrementos salariales que también recibió el director general adjunto de la caja catalana, Jaume Massana.
Por ello, el fiscal fijó durante el juicio la responsabilidad civil de los exdirigentes de la entidad financiera en 783.000 euros, aunque también esta cifra sufrió una rebaja en relación a su petición inicial, que ascendía a 2,56 millones de euros. Según recordó el representante del Ministerio Público, todo ello ocurrió mientras la dirección de CatalunyaCaixa aprobaba un expediente de regulación de empleo que acabó afectando a más de 1.600 trabajadores de la caja.
Subida inoportuna
Uno de los momentos más controvertidos analizados durante el juicio fue el citado consejo de administración de enero de 2010, cuando se aprobó que el sueldo fijo de Todó pasara de 700.000 a 800.000 euros y que su retribución variable se incrementara del 35 al 50 por ciento, aunque el directivo señaló durante el proceso que finalmente solo percibió un 16 por ciento de esta.
Asimismo, en su declaración durante la fase de instrucción, el ex director general de CatalunyaCaixa aseguró que había participado en la votación, pero en su intervención durante el juicio oral cambió sus palabras y afirmó que se había ausentado.
Por contra, la exconsejera de CatalunyaCaixa Sara Cardona, integrante del sindicato CSICA y única persona que votó en contra del aumento de sueldo, afirmó durante el juicio que el ex director general sí que participó en la votación de enero, aunque posteriormente se convocó otro consejo para ratificar la decisión en el que sí que se ausentó.
En este sentido, los peritos del Banco de España que declararon durante el juicio afirmaron que se enteraron de las subidas de sueldos a través de los medios de comunicación y que, al conocer la noticia, transmitieron a la Generalitat y al propio Todó que dichos aumentos salariales no eran oportunos.
No obstante, los peritos del Banco de España recordaron que CatalunyaCaixa no tenía obligación de informarles de los incrementos retributivos a su cúpula porque el supervisor no asumió las competencias en materia salarial hasta el año 2011, y señalaron que, en cualquier caso, era el FROB el que estaba inyectando dinero en la caja catalana.
Con todo, el ex director general de Supervisión del Banco de España Jerónimo Martínez Tello, declaró en el juicio que, antes de la intervención del FROB, CatalunyaCaixa era "vulnerable", pero suficientemente sólida para salir adelante con ayudas públicas, lo que se opuso a las tesis de la acusación, que siempre ha defendido que los incrementos salariales aprobados en la entidad financiera se hicieron en plena zozobra del banco surgido de la fusión de las Caixa de Catalunya, Caixa de Tarragona y Caixa de Manresa.
La defensa pide la absolución
Ante este panorama, las defensas de Serra, Todó y el resto de acusados han pedido durante todo el proceso la absolución de sus clientes. El expresidente de CatalunyaCaixa declaró el primer día del juicio que no se aprobaron "sueldos escandalosos" y que las decisiones que se tomaron fueron "legales y legítimas" en todo momento. "No me arrepiento porque lo que hice es lo que tenía que hacer", señaló Serra.
Por su lado, Todó afirmó que todos los incrementos salariales se hicieron con el conocimiento del Banco de España y que, solo con una insinuación por parte del supervisor bancario, se habrían retirado los acuerdos que aprobaron los sobresueldos.
